La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este viernes en el Senado la actuación de la institución que lidera en la causa contra su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz: "El Ministerio Fiscal ha actuado con independencia funcional, con sujeción a la legalidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales", ha dicho, informa EFE.PublicidadPeramato ha comparecido ante la comisión de Justicia en el Senado a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, para dar explicaciones sobre su política de nombramientos y sobre su posición en el caso de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.En su comparecencia, Peramato ha apuntado que la frase "sanar heridas" que utilizó en su discurso de toma de posesión en el cargo tras la condena a García Ortiz ha sido descontextualizada, y ha aclarado que su expresión significa "reafirmar" los valores de la Fiscalía, "reforzar la unidad interna" y proyectar una institución "serena, profesional y comprometida con el Estado de derecho".Control políticoAl inicio de su intervención, Peramato ha subrayado que la configuración legal de la Fiscalía comprende que ésta no esté sometida "a un régimen de control cuasi político" de su actuación por parte de las Cortes Generales."El Ministerio fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria ni ejerce funciones de dirección política", ha dejado claro.Y ha recordado que la Comisión de Venecia –el principal organismo consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional– advirtió de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales "puede implicar un riesgo de politización", así como ser víctima de la "presión populista".PublicidadAdemás, Teresa Peramato ha defendido la política de nombramientos que ha llevado a cabo desde que tomó posesión del cargo está basada en "el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto". La fiscalización de los nombramientos, ha sostenido, "no puede desbordar el ámbito que le es propio y convertirse en un mecanismo de control externo".Confianza y consensosAdemás, ha llamado a "reforzar y fortalecer la confianza interna y también la externa" de la Fiscalía, a través de "consensos" y fortaleciendo la "coherencia en la actuación, garantizando que los criterios jurídicos se aplican, se comparten y se explican con claridad", informa Europa Press.Y ha defendido que quien ejerce de fiscal general del Estado "no se puede erigir ni en comentarista ni opinadora de la actuación judicial, pues eso desdibujaría su posición institucional y comprometería los principios de objetividad e imparcialidad que rigen nuestra institución".