“La Fiscalía no se puede entender de ninguna manera vinculada a ninguna trama criminal”. Así de tajante ha sido la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en su comparecencia de este viernes en la Comisión de Justicia del Senado, en respuesta a los reproches de PP y Vox, que han acusado al Ministerio Fiscal de “abrir sus puertas a las cloacas del PSOE”, por las dos reuniones a las que acudió la exmilitante socialista Leire Díez a la sede de la madrileña calle Fortuny. Además, ha aprovechado su intervención para rechazar cualquier tipo de “control político”, ya sea por parte del Parlamento u otro poder del Estado, sobre la institución. “Aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto”, ha dicho, al tiempo que ha reivindicado que los fiscales de España “trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad, con autonomía y, además, con respeto exclusivo a la legalidad”. Por eso, Peramato ha exigido respeto no solo a la Fiscalía, sino también a las resoluciones de jueces y magistrados, cuya labor ha defendido con la misma vehemencia, sin perjuicio ―ha apostillado― de que el ministerio público pueda no estar de acuerdo con las decisiones judiciales y recurrirlas.Además, la fiscal general ha estimado que este “no es el momento ni la sede” para ampliar ningún tipo de información en relación al caso Leire Díez, al caso Plus Ultra o al caso Koldo, porque todos ellos aún son objeto de investigación judicial y eso ―ha repetido en varias ocasiones― le obliga a un “deber de reserva”. Lo que sí ha querido dejar claro es que en sus pocos meses de mandato no ha dado “ninguna instrucción” que implicara imponer su criterio al de sus subordinados, ante la pregunta directa del PP de si ordenó al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no rebajara su petición de pena (de 7 años de cárcel) para el presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, como premio a su confesión. “Otra cosa es que entre los fiscales que trabajamos continuamente tengamos una colaboración continua, nos sentemos, hablemos y se adopten decisiones”, ha añadido.En lo tocante a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista para obtener información sensible que pudiera desbaratar las pesquisas que afectan al PSOE y el Gobierno, ha aseverado que la Fiscalía aportará la información que el juez instructor, Santiago Pedraz, requiera en cada momento, si bien ha sostenido que ya se ha entregado “toda” la que tienen. De la misma forma, se ha pronunciado sobre las investigaciones internas abiertas en Fiscalía a raíz del caso Plus Ultra, sobre las que nuevamente PP y Vox le han pedido explicaciones. Peramato ha replicado que la normativa obliga a paralizar cualquier pesquisa doméstica ante una investigación judicial en curso, como es esta, hasta que haya una resolución firme, algo que aún está lejos. De hecho, la Fiscalía ha notificado este mismo viernes la suspensión de ese expediente gubernativo ―que se abrió tras una denuncia de Iustitia Europa― a la espera de lo que dicten los tribunales, informa Irene Dorta. “Siento de verdad no poder satisfacer su inmensa curiosidad”, ha contestado la fiscal general a la senadora popular María José Pardo. Tanto la representante del PP como la senadora de Vox Paloma Gómez han considerado insuficiente la respuesta de la jefa del ministerio público. “¿Realmente de quién depende la Fiscalía? Pues eso, señora Peramato, de P.S.“, ha declarado Pardo, en alusión a los apuntes de las agendas de Díez. La senadora había advertido previamente a Peramato de que, si no daba las aclaraciones oportunas, ”su silencio la convertirá en cómplice de las cloacas", algo que ha provocado un conato de bronca entre la bancada popular y la socialista cuando el senador del PSOE José María Oleaga ha reprochado a sus pares que prácticamente llamaran “delincuente” a quien se sitúa en la cúspide del ministerio fiscal. Frente a ello, esta última se ha esforzado por poner en valor el trabajo de los más de 2.800 fiscales que integran la carrera, de quienes ha dicho que únicamente se rigen por los principios de legalidad e imparcialidad que les marca la Constitución. En ese contexto, ha hecho hincapié en que la Fiscalía “no forma parte del Poder Ejecutivo” ni “ejerce funciones de dirección política”, por lo que ha rechazado firmemente que se busque “un régimen de control cuasipolítico de la actuación del fiscal general del Estado por parte de las Cortes Generales”, alertando de que “el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales puede implicar un riesgo de politización o, al menos, de transmitir esa apariencia”. No obstante, al mismo tiempo ha matizado que acudirá a cuantos requerimientos parlamentarios se le hagan, en aras del principio de lealtad institucional. En la misma línea, ha rehusado entrar a valorar las “opiniones” vertidas por los senadores. “No soy comentarista”, ha fijado.“No ha habido ninguna purga”Esta comparecencia en particular obedecía a sucesivas peticiones del PP para que Peramato respondiera por su promesa de “sanar heridas” en la Fiscalía tras la condena de su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, y por su política de nombramientos discrecionales, aunque finalmente ha estado centrada en el rol de la Fiscalía General del Estado en el caso Leire Díez. Respecto al primer punto, la fiscal general ha expuesto que cuando pronunció esas palabras pretendía hacer “un diagnóstico institucional razonable, acompañado de una llamada expresa al trabajo conjunto, a la lealtad y a la cohesión”, desde el convencimiento de que “las instituciones sólidas no son las que niegan las tensiones, sino las que saben afrontarlas con responsabilidad, transparencia y cohesión”. Peramato ha vuelto a hacer ese mismo llamamiento de puertas hacia dentro, para que todos los fiscales remen en la misma dirección, la de prestigiar a la institución. Sin embargo, enfrente se ha encontrado con la crítica de la oposición. “Sanar heridas no es meter en un cajón los hechos” que acorralaron a García Ortiz, ha espetado la senadora popular, que ha recriminado a Peramato “promocionar al ‘equipo Fortuny’ y purgar a quienes se mantuvieron firmes en la defensa de la legalidad”. Se ha referido en concreto a los casos del que fuera mano derecha del exfiscal general, Diego Villafañe, ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, y de la otrora jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que no ha sido renovada en el cargo, como ejemplo de la “adhesión ideológica” que ha denunciado que guía la política de nombramientos discrecionales de Peramato. “Esto no es sanar heridas, es abrirlas a bocajarro”, ha remachado. En el mismo sentido se ha expresado la senadora de Vox, para quien “no ha habido criterios de mérito y capacidad”, sino “simplemente un castigo ejemplarizante”, síntoma de la “línea de continuidad” de Peramato respecto a García Ortiz y también Dolores Delgado. “Aquí lo importante es premiar a los implicados en las cloacas a la vez que se sepulta la verdad”, ha reprochado. El senador de ERC Joan Josep Queralt ha sido el primero en contestar a sus compañeras, afeando la falta de conocimientos jurídicos entre sus pares, que han resaltado el hecho de que algunos fiscales promocionados por Peramato ostentan puestos inferiores en el escalafón que otros candidatos que recibieron el aval mayoritario del Consejo Fiscal. “Decir que mérito y capacidad son igual a la antigüedad. ¡Qué disparate! Un poco de rigor", ha reclamado el parlamentario catalán, que también ha recordado el carácter jerárquico de la Fiscalía y el rol consultivo del Consejo Fiscal. “Usted es la jefa”, ha indicado a Peramato. La fiscal general tampoco se ha achicado. “No ha habido ninguna purga”, ha asentado. Así, ha afirmado que los nombramientos que ha hecho en la cúpula fiscal “han obedecido a un juicio motivado de idoneidad”. “Me he basado en méritos, capacidad, experiencia y en los proyectos que han sido presentados por los diferentes candidatos y, finalmente, he designado a quien he considerado más adecuado para el desempeño de esa función”, ha argumentado. Y ha ido más allá, dando cifras detalladas de estos ascensos para refutar a quienes la tachan de “sectaria” por, supuestamente, favorecer a los miembros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Con todo, también ha defendido el margen de “discrecionalidad” que tiene el fiscal general en esos nombramientos clave, entre un elenco que ―ha enfatizado― siempre es de “excelentísimos profesionales”. Pese a todo, se ha mostrado comprensiva ante la “decepción” de los no seleccionados. “Yo misma me he encontrado en esa situación”, ha confesado.Peramato no ha querido cerrar este capítulo sin afear a sus detractores que hayan cuestionado la designación de Pilar Fernández, la mujer de García Ortiz, como número dos de la Fiscalía gallega. “No tiene ningún sentido (...) tiene un currículum brillante”, ha declarado. Asimismo, ha puesto de relieve que la decisión de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la condena a García Ortiz supone actuar en coherencia con la línea seguida por la Fiscalía durante todo el procedimiento judicial, en el que siempre defendió la inocencia de su entonces mandamás. Que esta postura se haya mantenido pese a la llegada de un nuevo fiscal general del Estado, ha razonado, “evidencia que se ha atendido exclusivamente a criterios objetivos”, no a una “voluntad individual”.