En 2020, miles de españoles tiñeron de negro sus perfiles de Instagram por la muerte de George Floyd. Su muerte bajo la rodilla de un policía en estadounidense desencadenó una ola global de protesta y denuncia contra el racismo policial bajo el lema #BlackLivesMatter. Pero ¿qué ocurre cuando quien muere bajo la actuación policial no está en Minneapolis, sino en Madrid, València o Almería?PublicidadHace un año murió Abderrahim El Akkouh, vecino de Torrejón de Ardoz, mientras era inmovilizado por un policía municipal de Madrid. Su muerte recuerda inevitablemente a la de George Floyd: un hombre reducido por la fuerza hasta perder la vida. Sin embargo, aquí no hubo una ola masiva de duelo ni una marea de solidaridad. Su nombre se suma a los de Haitam Mejri, Salim Traoré, Yoni Barrul, Harold Medina, Mahmoud Bakhoum, Abdoulie Bah, Ji Lin o Henry Carbonell, migrantes fallecidos en España durante actuaciones policiales cuyas muertes apenas han generado conmoción pública y, en demasiadas ocasiones, han sido recibidas con un "algo habrá hecho".¿Por qué una muerte escandaliza y otra apenas incomoda? Los autores de Vivir contra el racismo, Silvia Agüero, Nicolás Jiménez González, Youssef M. Ouled, sostienen que la respuesta, va mucho más allá de la actuación policial y tiene que ver con una sociedad que ha aprendido a considerar determinadas vidas como sospechosas, peligrosas y más prescindibles que otras."La diferencia entre EEUU y España no está en la violencia en sí, sino en la visibilidad que tiene. La historia de España se construye desde la negación de su naturaleza racial y colonial y hemos aprendido, a través de la cultura, que el racismo solo pasa fuera de aquí", explica Ouled.La gente no se solidariza porque, al final, la víctima es ese otro que nos han descrito como peligrosoEl periodista señala que este racismo se construye a base de la "deshumanización" a la que están sometidas las personas racializadas. "La gente no se solidariza porque, al final, la víctima es ese otro que nos han descrito como peligroso, como sospechoso, como el enemigo que viene a delinquir. Si siempre paran a los mismos, y a ti, persona blanca, nunca te paran se acaba pensando que algo habrán hecho y deja de percibirse como una injusticia", sostiene.PublicidadEn ese marco, Silvia Agüero, comunicadora y coautora del libro, introduce una crítica al feminismo hegemónico y a la forma en que, a su juicio, ciertos discursos acaban reforzando esa lógica de sospecha sobre los hombres racializados. "El feminismo se ha convertido en una cuestión moral, es un movimiento muy necesario, pero no hay diferentes patriarcados: hay uno, grande y libre, que es el Estado. Las feministas blancas nos quieren salvar de nuestros hombres e indirectamente lo que hace es que maten a nuestros hombres. ¿Por qué a mi hijo, con 17 años, que le identifican como moro, aunque en realidad es gitano, le piden todos los días el DNI?", denuncia.Ouled amplía esa idea y recuerda que vincular el racismo únicamente con las personas migrantes es un error. "Se habla de racismo cuando lo queremos circunscribir a una situación administrativa, cuando lo que ocurre realmente es que hay personas que están racializadas y que, en consecuencia, sufren racismo, pero también hay españoles que son víctimas de ello”, denuncia.España vive en la creencia ficticia de que es blanca y ese relato niega las otras formas de ser españolEl antigitanismo"España vive en la creencia ficticia de que es blanca y ese relato niega las otras formas de ser español", defiende Nicolás Jiménez, sociólogo y también coautor del libro. El pueblo gitano es uno de los ejemplos más claros en el país. La comunidad gitana sufrió 399 casos de discriminación y antigitanismo en el último año, según el informe anual Discriminación y Comunidad Gitana 2025.PublicidadJiménez señala que episodios como la Gran Redada de 1749 -cuando miles de personas gitanas fueron encarceladas simultáneamente en un intento de exterminio social de la comunidad- apenas ocupan espacio en los temarios escolares y en la memoria pública colectiva. Lo mismo ocurre con las más de 230 leyes antigitanas promulgadas a lo largo de la historia española. "Se conocen los datos, pero no se extraen consecuencias. No existen programas públicos de reparación ni un reconocimiento oficial del romaní equiparable al que otros países han desarrollado con sus minorías históricas. No existen ni siquiera grandes producciones culturales sobre aquella persecución", resume Jiménez.Insiste en que el primer paso para combatir el racismo es reconocer su existencia. "De la misma manera que durante años se han dedicado recursos a combatir el terrorismo o a promover el empleo porque se consideraban problemas prioritarios, habría que hacer lo mismo con el racismo", señala.A su juicio, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes porque parten de un diagnóstico equivocado. El racismo suele abordarse como una cuestión educativa o moral, algo que puede corregirse con campañas de sensibilización o charlas en los colegios. Pero, según Jiménez, el problema atraviesa a las propias instituciones. "Los maestros, los policías o los jueces que forman parte de esta sociedad y son tan racistas como el resto", afirma. Por eso reclama medidas estructurales, entre ellas una mayor presencia de personas negras, gitanas y magrebíes en los cuerpos de seguridad, la judicatura o la administración pública.