La realidad del racismo inmobiliario en España exige la implicación de las autoridades para garantizar la igualdad
El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y
al-bulo.html" data-link-track-dtm="">el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.
La mecánica es sencilla. A igualdad de condiciones económicas de los aspirantes, se cancelan con excusas las visitas a quienes tienen un acento extranjero, se les exigen garantías abusivas o precios desorbitados. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de afectados, algunos han dado el paso de denunciar. Pero son los menos: la mayoría de los inmigrantes, que tienen que afrontar cada día numerosos prejuicios, no contemplan presentarse en una comisaría o acudir a los tribunales.
