No culpen solo al mercado. La clase política tiene gran responsabilidad en lo prohibitivo de los arrendamientos
La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez está tomando tintes clasistas, a la luz de sus resultados. Allí donde La Moncloa aseguraba que su pretensión era proteger a los ciudadanos vulnerables, la realidad parece distinta: las familias más humildes o las personas con bajos salarios corren el riesgo de tener ya menos posibilidades de acceder a un techo que antaño. Alquilar un piso amaga con volverse un lujo en España.
Para empezar, una parte de las medidas que el Ejecutivo ha ido implementando en este tiempo han pivotado —sutilmente— sobre la idea de que el problema de la vivienda era básicamente culpa de los caseros, de su supuesta “avaricia” poniendo precios exorbitados. De ahí, que se promocionaran los topes del alquiler o que se quiera alargar el decreto antidesahucios para que los llamados rentistas no expulsen de sus casas a las personas vulnerables. Se daba así a entender —de forma implícita— que, al menos a corto plazo, el drama de la vivienda es resultado del capricho de los propietarios, y no de la aplastante ley de la oferta y la demanda.
Sin embargo, la realidad es que entre 2022 y 2025 la población española ha aumentado en un millón y medio de personas y se han creado, de media, unas 250.000 familias al año. Esto significa que la demanda ha subido por encima de la oferta. Ya he comentado por qué construir resulta necesario para paliar la situación de escasez —a diferencia de lo que sostienen algunos socios de izquierdas del PSOE—, pero el drama es que vamos muy tarde. Si el déficit de viviendas en 2025 se cifraba en 600.000, probablemente haya aumentado. Ni el Estado ni las comunidades autónomas han logrado revertir el problema creando más vivienda protegida o promocionando de forma suficiente el mercado libre, a la vista de cómo han seguido subiendo los precios.
