En los primeros meses de 2021, la extrema derecha contrató espacios donde exhibir en Madrid grandes carteles alertando del verdadero peligro que acechaba a los españoles. Nada de contagios por un enemigo mortal e invisible, o una llamada de atención sobre la masacre silenciosa que había tenido lugar en las residencias de mayores durante la pandemia. El enemigo número uno tenía por nombre un acrónimo: mena. Los carteles explicaban que los llamados “menores no acompañados”, representados con un rostro embozado, eran una amenaza que cada mes costaba a las arcas públicas 11 veces lo que recibía una persona beneficiaria de la pensión no contributiva. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de la Fiscalía que apuntaba a un posible delito de odio hacia niños alentado con mentiras. El auto de la Audiencia contiene una peculiar declaración al referirse a los menores extranjeros: “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político”.
El problema creado por estos menores no estaba referido a delitos tipificados por el Código Penal. Eran migrantes menores de edad, personas vulnerables y, en consecuencia, objeto de protección de acuerdo con las leyes. La barrera de edad es indistinta a haber nacido en el Palacio Real con el futuro resuelto, en Esplugues de Llobregat y dedicarte al fútbol, o en Tombuctú y haber llegado saltando una valla de concertinas o en cayuco burlando la fatalidad caprichosa que siembra el mar.
