Formalizar la situación de medio millón de extranjeros sitúa a la izquierda en una posición cómoda frente a las duras palabras del PP, que vincula inmigración y delincuencia
La regularización extraordinaria de migrantes en España se revela como una de las batallas políticas más cómodas para el PSOE, a pesar de la rentabilidad electoral que las medidas antiinmigración han reportado en numerosos países en los últimos tiempos. El Gobierno de coalición está defendiendo este asunto
ack-dtm="">como un hito en la legislatura, consciente de que sacar de la dolorosa clandestinidad a medio millón de personas, otorgarles derechos y situarlos en condiciones laborales y sociales dignas son elementos que los votantes de izquierda valoran por sí mismos. Además, el Ejecutivo ha exhibido números favorables a la economía, como el alza en las cotizaciones que podrían aportar estas personas a los más de 3,1 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social. Informes independientes calculan que el beneficio fiscal neto por cada extranjero regularizado se situaría entre 3.000 y 4.000 euros. Esos mismos estudios concluyen que estos procesos no generan efecto llamada. A pesar de ello, el Partido Popular ha optado por desenfundar su discurso más duro, cercano a las tesis de la ultraderecha que llegan a equiparar la emigración con la delincuencia.
