El Gobierno español es una de las pocas voces europeas que defienden el papel de los migrantes en el crecimiento del país, y promueve una integración basada en derechos
La reciente propuesta de regularización de personas migrantes en situación irregular por parte del Gobierno español constituye un giro que puede resultar sorprendente en el actual contexto europeo, donde predomina un enfoque más restrictivo en materia migratoria. ...
En los países receptores de inmigración ha emergido, a golpe de crisis, un amplio consenso sobre la necesidad de reformar un sistema que se ha mostrado incapaz de gestionar la actual fase de movilidad y migración internacional, de abordar los desplazamientos provocados por los conflictos modernos y de dar protección a sus víctimas. Gobiernos muy distintos en democracias liberales como Australia, Canadá, Estados Unidos, parte de América Latina, Gran Bretaña y, desde luego, la Unión Europea y sus Estados miembros, incluida España, han emprendido políticas orientadas tanto a un mayor control del acceso al territorio como a una mejor gobernanza de la migración. Por duras que hayan sido estas políticas de control o deportación, la mayor parte del espectro político de estos países ha venido aceptando, de un modo u otro, que los inmigrantes forman parte de nuestras sociedades y de sus economías abiertas, y que son sujetos de los mismos derechos que se nos aplican.
