Si queremos apostar por un modelo de mayor productividad y mayores salarios, la política migratoria debe estar alineada con ese objetivo
España necesita hablar abiertamente sobre la inmigración y el proceso de regularización que acaba de poner en marcha el Gobierno es una muy buena oportunidad para hacerlo. La mejor manera de desarmar los discursos populistas no es evitar las preguntas difíciles, sino afrontarlas con rigor y sin complejos. Porque hay una pregunta que España lleva demasiado tiempo sin formularse con la seriedad que merece: ¿tenemos una política migratoria que de verdad esté alineada con las necesidades y las capacidades del país, respetando a su vez los derechos de los in...
migrantes? La respuesta del Cercle d’Economia, como hemos argumentado en una nota reciente que aborda la cuestión desde una perspectiva amplia —modelo productivo, cohesión social, Estado de bienestar—, es que no.
Conviene partir de los hechos. España es, con diferencia, el país de la Unión Europea que más inmigración ha captado en los últimos años. Entre 2000 y 2025, la proporción de población nacida en el extranjero ha pasado del 4% al 20%, un ritmo sin parangón en nuestro entorno. En Cataluña, uno de cada cuatro habitantes ha nacido fuera de España. El fenómeno es de una magnitud que exige una reflexión rigurosa. Y rigor significa, antes que nada, abrir un debate de fondo que nunca hemos tenido: sobre la relación entre inmigración y modelo productivo, sobre nuestras capacidades reales de acogida e integración, y sobre qué país queremos ser en el horizonte de 2050.
