Sacar de la clandestinidad a cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España es un acto de gran altura política
La regularización generalizada de inmigrantes aprobada este martes por el Gobierno en primera instancia supone sacar de la clandestinidad, la marginalidad y la explotación a cientos de miles de personas que cada día asumían las mismas obligaciones que cualquier ciudadano legal en España, pero sin los mismos derechos. Incorporar a esas personas a una vida cívica plena, a la estructura económica y fiscal del país, es un acto de justicia cuya necesidad se había hecho evidente hace años. La decisión, pactada entre el Gobierno y Podemos, supera por fin el bloqueo provocado por el cortoplacismo político y la contaminación xenófoba del debate en torno a la inmigración.
El procedimiento se abre para cualquier extranjero sin documentación en regla que llegara a España antes del 31 de diciembre, pueda demostrar al menos cinco meses de presencia en el país y no tenga antecedentes penales. Por definición, es difícil saber exactamente cuántas personas viven en España indocumentadas. Suele utilizarse la estimación general de medio millón, que dentro de la imprecisión permite hacerse una idea de la magnitud del problema y sirve como hipótesis de trabajo al Gobierno. Un reciente estudio de Funcas eleva la cifra a 840.000 personas. Las principales nacionalidades de personas sin papeles son colombiana, peruana y hondureña. A mucha distancia, Funcas calcula que hay 50.000 personas de toda África en esta situación.
