El PP se entrega a la demagogia sobre los inmigrantes irregulares en lugar de oponer argumentos a la regularización

La regularización generalizada de inmigrantes irregulares anunciada por el Gobierno de España, que podría cambiar el estatus legal de más de 800.000 personas, es una iniciativa política de calado y, por tanto, susceptible de un intenso debate político. No se pueden obviar los desafíos e incluso tensiones que implica la inmigración. Pero resulta inquietante que la legítima e incluso deseable crítica política esté contaminada de prejuicios xenófobos y bulos que han envenenado el debate en torno a la inmigración en otros países.

El Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, obviando o desconociendo la ley, alentó un bulo atizado por la ultraderecha de Vox: que el objetivo de la regularización es manipular el censo electoral para los próximos comicios con más de medio millón de nuevos votantes que, en teoría, estarían cautivos para la izquierda. Tuvieron que pasar 48 horas para que el PP admitiese que no es cierto. Los inmigrantes que obtengan un permiso de residencia este año no podrían votar como mínimo hasta 2028, y no todos. Tras admitir a regañadientes que se trataba de un bulo, el PP atacó el “clientelismo político” de la decisión. Ante el intento de europeizar el debate, la Comisión recordó que la política migratoria es competencia de cada Estado.