Los abogados proponen cambios en la propuesta del Gobierno para concretar la “amenaza a la seguridad pública” como causa de denegación y avisan de las demoras para la cancelación de los antecedentes
La regularización extraordinaria de inmigrantes que planea el Gobierno ha despertado dudas entre los juristas sobre qué pasará con los extranjeros que, en algún momento de su vida en España, han cometido un delito o han sido investigados por la policía. La propuesta indica que los inmigrantes con antecedentes penales (con sentencia firme) quedan excluidos d...
e la medida, salvo que esos antecedentes se puedan cancelar. Tanto para ellos como para los inmigrantes que solo tienen antecedentes policiales (constan en bases de datos o en investigaciones, pero no han sido condenados), todo dependerá al final de que la Oficina de Extranjería de turno determine, en base a informes policiales, si la persona constituye “una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública”. Los abogados consideran que esa afirmación es un tanto indeterminada y puede dar lugar a decisiones arbitrarias.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y asociaciones de letrados expertos en extranjería han hecho aportaciones al texto del ejecutivo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, en las que piden delimitar mejor en qué consiste esa amenaza. Plantean que, para denegar la residencia a un extranjero, esa amenaza debe ser “grave” o “suficientemente grave” y, también, “actual”. Lo explica con ejemplos Marta Anglí, presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE), una de las entidades que ha participado en el trámite de audiencia pública cuyo plazo venció el viernes. “Una venta ambulante, falsificar un documento para trabajar, haber cometido algún robo hace años… Todo eso no tendría que ser, al menos automáticamente, un motivo de denegación”, defiende.
