El Ejecutivo endurece la norma como pedía el Consejo de Estado pero facilita opciones para que no excluya a muchos solicitantes
El texto definitivo del decreto que abrirá la puerta a una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, que aprobará este martes el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS, endurece las condiciones para acceder a este proceso en la cuestión clave de los antecedentes penales, tal como recomendó el Consejo de Estado, pero a la vez busca una fórmula para que se pueda acoger el número máximo posible de extranjeros. La norma les da un mes para pedirlos en sus países y si no logran que se los envíen será el propio Ejecutivo quien solicite directamente a través de vías diplomáticas esos documentos durante un proceso de tres meses para facilitar que lleguen a tiempo y se puedan regularizar.
Las otras condiciones son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses, “no representar una amenaza para el orden público” y una de estas tres: demostrar alguna vinculación laboral, permanecer en España junto con su unidad familiar, siempre que incluya hijos menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada.
