El órgano consultivo pide incorporar mayores precauciones sobre los antecedentes penales de los migrantes y alerta de perjuicios para quienes tienen en marcha un proceso de asilo
El Consejo de Estado, en su informe sobre el proyecto extraordinario de regularización de migrantes, solicita al Gobierno mayor rigor a la hora de demostrar los antecedentes penales de los potenciales beneficiarios de los nuevos permisos de residencia en España. El procedimiento, dice, “deberá quedar en suspenso” si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del migrante. Eso mismo había pedido el Ministerio de Interior al de Migraciones, este último
mar-mas-del-30-de-las-solicitudes-de-regularizacion-de-migrantes.html" data-link-track-dtm="">encargado de redactar la normativa, que en este aspecto es más laxa, puesto que prevé continuar con el proceso aun cuando el extranjero no haya podido recabar esos documentos en su país de origen. Basta, según la redacción, con que presente una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales.
El texto legal establece también que si hay antecedentes penales susceptibles de cancelación en España, el interesado deberá solicitar al Ministerio de Presidencia dicha cancelación. Esto, subraya el Consejo de Estado, no se compadece con lo declarado en la norma, en la que se manifiesta la voluntad de no solicitar a los migrantes aquellos documentos que ya estén en poder de la Administración y además, dice el informe, “puede tener consecuencias procedimentales difícilmente compatibles con los exigentes plazos previstos para la tramitación de los expedientes”, 15 días para la admisión a trámite y tres meses para concluir el proceso.
