Después de casi tres semanas de aparente inactividad, la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de inmigrantes vuelve a avanzar en el Congreso. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha convocado este martes a varios grupos parlamentarios para negociar la letra pequeña de una regularización extraordinaria que llevaba un año estancada, pero que ahora se ha convertido en una prioridad. La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, define los perfiles que se beneficiarán de la medida, entre los que destacan las familias con niños, los solicitantes de asilo y los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. También se amplía la fecha inicialmente planteada: la autorización de residencia y trabajo —en principio, de un año— se aplicará a los inmigrantes que residan en España antes del 31 de marzo de este año, en lugar del 31 de diciembre de 2024 de la propuesta anterior.
La definición de los supuestos que podrán acogerse a la regularización responde a las exigencias de algunos partidos para que la medida no se trate de un “cheque en blanco”. La iniciativa necesita los votos de fuerzas políticas con sensibilidades muy distintas. Por un lado, los grupos más a la izquierda y los promotores de la propuesta exigen que los requisitos sean mínimos. Por otro, formaciones como el PP o el PNV, apuestan por limitarla a quienes tengan contratos de trabajo o se encuentren en situaciones concretas de vulnerabilidad. “Las oleadas migratorias [el Gobierno] no las va a parar y la regularización debe ser a través del trabajo”, advirtió este fin de semana en La Vanguardia el presidente del PNV, Aitor Esteban.
