Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.
Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:
Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.
