Este jueves se han hecho públicos los tres informes finales de las comisiones técnicas contempladas en la Ley de Memoria: la que se ha centrado en las ayudas económicas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, la encargada de estudiar las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la Transición, y otra sobre la discriminación estructural que sufre el pueblo gitano.PublicidadLos tres órganos colegiados se convocaron en 2024, siguiendo con las directrices marcadas por la ley. Sus miembros han tenido un año para elaborar un documento que reflejase la información recabada, así como para desarrollar un listado de propuestas con los que avanzar en base a los principios de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".Más de 22.000 millones para reparaciones económicasLa comisión para el estudio de las reparaciones económicas a víctimas comprendidas entre 1936 y 1978 ha contabilizado 611.828 indemnizados por los diferentes gobiernos de la democracia. En total, se han destinado a este fin 22.160.848.148 euros desde 1977. Si bien, el Ministerio de Memoria Democrática estima que la cifra real podría ascender a los 25.000 millones, ya que no se ha conseguido recabar información sobre las indemnizaciones a funcionarios republicanos.Este estudio ha detallado cada uno de los decretos orientados a compensar económicamente a víctimas republicanas y familiares de las mismas. De igual manera, se ha evaluado el grado de cobertura alcanzado, a qué colectivos se ha beneficiado y los posibles déficits a subsanar.El grueso de las pensiones e indemnizaciones han sido aportadas desde los ministerios y han tenido como destinatario a los afectados o a sus familiares directos. Los principales perfiles beneficiarios son: personas mutiladas, militares y funcionarios republicanos, fallecidos y desaparecidos, ex presos políticos, niños de la guerra y personas perseguidas por su orientación sexual.PublicidadAunque no se conoce en detalle cuál fue el presupuesto destinado a este fin año a año, los datos referidos a 2024 (el último del que hay cifras) dan una aproximación. En esos doce meses todavía había 10.632 ciudadanos vivos recibiendo una pensión a causa de la Guerra o la Dictadura, a quienes en cómputo total se les ingresó 89.250.812 euros.En cuanto a las comunidades autónomas, la mayoría han complementado las prestaciones a las víctimas con otra serie de decretos ley. A excepción de Galicia y las dos ciudades autónomas, se ha podido confirmar que este ha sido el modo de actuación más habitual. Aun así, los autores de este informe sólo han obtenido datos cuantitativos de Catalunya, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. Con esta información, se concluye que se ha indemnizado de alguna manera a 26.231 ciudadanos, con un total de 69.722.448 euros.Euskadi no ha podido aportar cifras a este respecto porque se encuentra aún consolidando su información regional. A pesar de ello, el Eusko Jaurlaritza ha aportado información detallada sobre las diferentes normativas que han dado lugar a la reparación económica de un amplio espectro de víctimas. El resto de regiones no han facilitado ningún tipo de información.PublicidadMás allá de centralizar los datos sobre compensaciones económicas, este equipo de expertos tenía como misión encontrar las "lagunas" legislativas. Para ello, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, se ha creado un listado de colectivos excluidos en los decretos de reparación, que se insta a estudiar "mecanismos específicos de reparación". En primer lugar, es importante destacar el caso de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la mujer, para el que se ha destinado una subcomisión en exclusiva. El resto de propuestas incluyen a minorías religiosas, militares demócratas del tardofranquismo o personas perseguidas por su orientación sexual.Las 63 víctimas reconocidas de la TransiciónFuentes del Ministerio de Memoria Democrática confiesan que esta fue, desde su nacimiento, la "comisión más polémica" y que" más bulos" ha generado. Nicolás Sartorius, Paca Sauquillo o el fallecido Federico Mayor Zaragoza han constituido el grupo de expertos encargado de analizar las vulneraciones de los derechos humanos en un período de tiempo que aún levanta ampollas: la Transición.¿Hasta dónde llega la Transición? Esa fue la primera duda. Se decidió acotar este período entre 1978 y 1983. Lo siguiente, teniendo en cuenta el poco plazo de tiempo para investigar, fue delimitar las casuísticas concretas a investigar. Finalmente, han sido reconocidas las violaciones de los Derechos Humanos con resultado de muerte y con un móvil político o de defensa de la democracia.El listado de fallecidos se puede dividir en dos, en función del tipo de agresor: grupos terroristas o fuerzas del orden. Por otro lado, como ya adelantó Ángel Víctor Torres, no se ha tenido en cuenta a los asesinados que eran miembros de bandas terroristas o que murieron manipulando armas. Esto deja fuera, por ejemplo, a los etarras asesinados por el Batallón Vasco Español o aquellos que murieron por el GAL.En conjunto, se han contabilizado como víctimas de la Transición a 63 personas. 28 de ellas fallecieron a manos de la Policía o la Guardia Civil, mientras que el resto, 32, fallecieron por atentados de grupos paramilitares de extrema derecha. El año de mayor violencia fue 1980, con casi treinta asesinatos. En 1983, en cambio, sólo hubo una muerte: Juan Félix Domínguez, de dos años, fallecida en un control de carretera a manos de la Guardia Civil. Es la víctima más joven de todas.Quedan fuera de ese informe heridos, torturados o encarcelados sin motivos durante esos años. Todas estas posibles vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas quedan pendientes para estudios posteriores. Para estos casos, se creará un canal de comunicación, del que aún no se han dado detalles, dirigido a familiares y asociaciones civiles.La publicación conocida este jueves insta a las instituciones a reparar a estas 63 familias "en el plano simbólico, moral e institucional". Sin embargo, uno de los deberes que tiene por delante el Ejecutivo es de carácter económico. A pesar de que en marzo se amplió la Ley de Memoria del 1977 al 1978, no se aprovechó esa modificación normativa para incluir a las víctimas. Ese cambio legal permitió, además, equiparar las indemnizaciones de víctimas republicanas con las del terrorismo.PublicidadUna deuda histórica con el pueblo gitano"Durante siglos se buscó el control, la asimilación y desaparición cultural de esta etnia", concluye el informe destinado a investigar la discriminación estructural del pueblo gitano en España. Es, de lejos, el más extenso y documentado de los tres.Expertos y representantes de diferentes asociaciones gitanas han participado en la elaboración de este texto, que resume más de 600 años de persecución y exclusión. Una historia de Memoria Democrática que la mayoría de españoles desconocen y que aún muchas comunidades no han implantado en sus currículos educativos.Para reparar esta invisibilización, se han desarrollado varias recomendaciones. Se propone incluir esta materia en las 18 cátedras de Memoria; o formar en diversidad al profesorado y a los funcionarios públicos, especialmente a los Cuerpos de Seguridad. Una de las grandes propuestas de este informe aboga por organizar un acto de Estado con presencia de todas las instituciones que reconozca la discriminación estructural que han sufrido y sufren los gitanos.PublicidadSegún el último Eurobarómetro sobre Discriminación, más de la mitad de los españoles no se sentirían cómodos si sus hijos tuvieran un compañero de clase gitano y el 33% sentiría esa misma incomodidad si tuviera contacto diario con gitanos en el trabajo. Además, el 86% de las personas de esta etnia viven por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de fracaso escolar se eleva hasta el 60%, muy por encima de la media.