Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, una treintena lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y 33 de la ultraderecha.
