El expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) ha aprovechado este martes una jornada en recuerdo de las víctimas del terrorismo en el Senado para despreciar a las del franquismo y cargar de nuevo contra la ley del memoria, que según dijo tras su aprobación, es una norma “pactada con terroristas” para “abrir una fosa por aquí, otra por allá”. “Por preservar la herencia de libertad y democracia que la generación de la Transición nos legó”, ha declarado este martes refiriéndose a los asesinados por ETA, “más de 800 compatriotas dieron sus vidas. Su memoria constituye el pilar moral de nuestra democracia. Ellas son sus víctimas referenciales, antes que cualesquiera otras, porque no cayeron por representar ningún bando, sino la libertad de todos”. El bando republicano era el que defendía la legalidad democrática vigente frente al golpe de Estado del bando franquista en 1936. Aznar insistió: “No caben aquí analogías anacrónicas ni lecturas interesadas de la Historia. Una guerra civil que dividió a España por la mitad no tiene parangón con la agresión terrorista de una banda criminal a una democracia consolidada”. No es la primera vez que el PP trata de poner a competir a las víctimas del franquismo con las del terrorismo o a colocar unas por delante de otras. Lo denunció, precisamente, Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, líder del partido en Gipuzkoa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA en 1995. Según explicó a este periódico, en julio de 2022, en pleno debate de la ley de memoria democrática en el Parlamento, recibieron un mensaje del equipo de Alberto Núñez Feijóo convocándoles “prácticamente de un día para otro” a una reunión en el Congreso, sin orden del día. “Luego ya me enteré de que era para utilizar a las víctimas de ETA, para enfrentarnos con las víctimas del franquismo mientras se debatía la ley de memoria democrática. Y entré en cólera. ¿Cómo me voy a oponer yo a que las víctimas del franquismo tengan una ley de reconocimiento y reparación igual que la tenemos nosotros? Usar a unas víctimas contra otras es caer muy bajo", señaló entonces Ordóñez a EL PAÍS. Otras asociaciones sí acudieron a aquel encuentro urgente organizado por el PP, que difundió la imagen con víctimas del terrorismo en pleno debate de la ley de memoria. En su intervención en el Senado, y en el contexto de unas jornadas de homenaje a las víctimas de ETA, Aznar ha vuelto a intentar enfrentarlas con las del franquismo, situándolas en categorías e importancia diferentes, y ha hecho, durante su discurso, numerosas referencias a la ley de memoria democrática, que asiste a los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura y no tiene nada que ver con los asesinados por la banda terrorista, que ya cuentan, hace años, con su propia legislación, estatal y autonómica. “Se debe dar una negativa resuelta a reescribir la historia”, declaró, “y a todo intento de extender responsabilidades para difuminar culpas”. “Resulta imperdonable equiparar dos bandos de españoles en guerra civil con una banda terrorista en guerra contra todos los españoles. No cabe barajar ”contendientes" para hacer de los asesinados por el terrorismo una variante más entre las víctimas de un ‘pasado violento’ a quienes la ley de memoria democrática viniera a resarcir en montón. Una memoria equilibrada de la Guerra Civil debe hacer abstracción de bandos, hoy anacrónicos, para deslegitimar la guerra misma", añadió. En una entrevista en Esradio el pasado noviembre, el expresidente del Gobierno evitó condenar el golpe de Estado de 1936: “Yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Mi padre hizo tres años de guerra”, dijo. Aznar parte de dos premisas falsas: que la ley de memoria democrática es una concesión a EH Bildu -cuando fue aprobada por los votos del PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT, Más País y Compromís, además de los del grupo vasco- y que, al implantarla, se pretende difuminar otra memoria, la de las víctimas del terrorismo, que cuentan hace años con su propia legislación. La derecha insistió en esos argumentos, especialmente a raíz de una disposición adicional de la ley que estableció la creación de una comisión de estudio para analizar vulneraciones de derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 hasta diciembre de 1983, durante el primer gobierno de Felipe González. Según el PP se pretendía así blanquear a ETA e introducir a víctimas de los GAL como víctimas del franquismo. El mandato de la comisión, tal y como explicó en este periódico uno de sus integrantes, José Antonio Martínez Soler, y como especifica su informe final excluye expresamente “las muertes de personas integradas en organizaciones terroristas, que participaran en actividades orientadas a subvertir el orden constitucional mediante el uso de la violencia o fallecieran como consecuencia de la manipulación de explosivos o armas con fines ilícitos”, así como a “los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español o del GAL”.Dicho informe sí menciona la muerte tras ser torturados por la Guardia Civil de tres jóvenes que fueron confundidos con miembros de ETA, y algunos de los miembros de la comisión, como el jurista Jon-Mirena Landa Gorostiza, plantearon la necesidad de que las víctimas de los GAL también fueran reconocidas por el Estado. Durante su intervención en el Senado, Aznar también acusó al Gobierno de “dilapidar” el pacto antiterrorista con concesiones a quienes deberían estar “en el basurero de la historia”, en alusión a EH Bildu, a los que el PP equipara frecuentemente con ETA, así como de “mercadear” con las condenas a los etarras. Pero fue el entonces presidente del Gobierno y líder de los populares quien, con la banda todavía activa y matando, cuando era su partido el que negociaba con la banda para tratar de lograr el fin del terror, decía: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación [en alusión a ETA]”; “Nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad”. Y también se produjeron, durante los gobiernos de Aznar y de Mariano Rajoy, acercamientos de presos etarras a cárceles más próximas al País Vasco.