El caso Begoña Gómez ha vivido este lunes otra larga jornada en el juzgado encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor ha dirigido durante más de tres horas una audiencia preliminar en el proceso que mantiene imputada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la ley, esta sesión es un paso previo necesario para que Peinado pueda abrir juicio oral con un jurado contra ella y los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. La cita también ha servido para que las acusaciones populares —lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que pide 24 años de prisión para la mujer del presidente— soliciten que se le retire el pasaporte a la mujer del líder del PSOE, se le prohíba salir del país y se la obligue a comparecer cada 15 días en un juzgado. El magistrado no comunicó este lunes a las partes la decisión sobre la solicitud para restringir sus movimientos.Durante la audiencia, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha denunciado que se ha “instrumentalizado” esta causa para atacar por motivos políticos a un Ejecutivo de izquierdas: “Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal”, ha dicho, según confirman fuentes presentes en la sesión, donde ha remachado: “Que no se utilice la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un Gobierno con el cual no están de acuerdo”. También, ante el reproche de Peinado de que no lo mirara a él mientras hablaba, Camacho le ha respondido que le dijera qué norma procesal le obliga a ello. La comparecencia de este lunes ha vuelto a generar una gran expectación ante los juzgados de la madrileña plaza de Castilla, donde se han concentrado decenas de periodistas y agitadores ultra (como Bertrand Ndongo, que se ha saltado incluso un cordón de seguridad para acercarse al imputado Juan Carlos Barrabés cuando entraba al edificio con ayuda debido a su delicado estado de salud). Con esta nueva cita, el juez Peinado marca otro punto y aparte en su instrucción, cargada de polémica desde su inicio en abril de 2024, cuando recibió una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias e impulsó un expansivo procedimiento que se ha prolongado más de dos años —corregido por todas las instancias superiores y criticado duramente por la Fiscalía, que pide que se dé carpetazo al asunto—. La Ley del Tribunal del Jurado contempla esta vista preliminar como un paso necesario para sentar en el banquillo a los imputados. Según la norma, una vez que los procesados han presentado sus escritos de defensa, el instructor fija esta cita para que las partes se pronuncien sobre la “procedencia de la apertura de juicio”. Este lunes, nadie se ha movido de sus posiciones. Según fuentes jurídicas, las defensas y la Fiscalía han reiterado sus argumentos para que se archive el caso ante la inexistencia de delitos; y la acusación popular, para que se siga adelante. Tras escuchar a todos, el magistrado puede dictar durante “los tres días siguientes” la resolución pertinente para dar ese paso definitivo contra Gómez o decretar el archivo (posibilidad que las defensas ven muy complicada, visto el papel desempeñado por Peinado en la causa). De hecho, pese a que al abogado de la esposa de Pedro Sánchez había solicitado paralizar la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que están pendientes, Peinado decidió dar este paso al frente y convocar a esta audiencia preliminar a los tres investigados. Al citarlos, el magistrado ya les advirtió que tenían la obligación de presentarse y que, en el caso de no acudir, serían “conducidos por la fuerza pública”; además de avisarles de que en esta vista “podría adoptar alguna medida cautelar” que “evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de la pena de cárcel a la que se enfrentan. La acusación popular anunció que iba a reclamar que le retiraran el pasaporte a Gómez, le prohibieran salir del país (para que no se mueva sin permiso por territorio de la Unión Europea) y le obligaran a comparecer cada 15 días en un juzgado. Las mismas medidas se han planteado para Álvarez; y ninguna para el empresario Juan Carlos Barrabés.Peinado atribuye hasta cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción gira en torno a dos tesis principales: que la esposa de Sánchez se aprovechó de su relación con el líder del PSOE para impulsar su carrera profesional; y que se apoyó en su asesora para que la ayudara en sus trabajos privados. Pese a las críticas, el juez considera que se tejió así una trama de corrupción que no se veía desde “el reinado de Fernando VII”: “Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, escribió en la resolución dictada el pasado abril, cuando propuso sentar en el banquillo a los tres imputados.Tras recibir la denuncia de Manos Limpias, la investigación se centró primero en la relación profesional de Gómez con empresarios y su vínculo laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como en el desarrollo de un software para dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor focaliza los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Luego, sin embargo, el juez amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que colaborara con ella en su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya una presunta malversación. Fuentes jurídicas añaden que la acusación popular también ha pedido este lunes al magistrado Peinado que se impida a Begoña Gómez hacer uso de la marca y del dominio web vinculado al software que mantiene bajo sospecha. La Complutense, a la que el magistrado ha llamado como acusación particular tras considerarla como perjudicada, no ha pedido medidas cautelares; pero sí la apertura del juicio .