Las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado acordó la celebración de una audiencia preliminar prevista en la legislación como paso necesario para la apertura de un juicio con jurado, a la que también convocó a la asesora de Moncloa y al empresario Carlos Barrabés. Las acusaciones, agrupadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír, han solicitado también para la esposa del presidente la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, así como la imposición de medidas económicas a fin de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran derivarse del procedimiento contra la mujer del líder del PSOE. Además, han requerido al juez que se prohíba a Gómez disponer de participaciones sociales en Transforma TSC S.L o sobre las marcas registradas con el mismo nombre de la cátedra concedida por la Universidad Complutense de Madrid a la cónyuge del jefe del Ejecutivo. Por el momento, el juez Juan Carlos Peinado no ha comunicado su decisión sobre estas medidas cautelares. Tras escuchar los argumentos de las acusaciones y las defensas durante la vista preliminar, se espera que el magistrado resuelva en los próximos días sobre la petición de la acusación popular y sobre si procede o no la celebración de un juicio por jurado popular. En esta comparecencia las defensas han tenido la oportunidad de defender las razones por las que el juicio debería estar asistido únicamente por un tribunal profesional, mientras que las acusaciones han mostrado su apoyo a la celebración de un juicio con jurado popular. A esta petición también se ha unido la Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada en esta causa. Esta comparecencia era de vital importancia puesto que el magistrado advirtió a los investigados de la obligatoriedad de asistir a la cita de este lunes, pues de no hacerlo serían "conducidos por la fuerza pública". Además, el instructor ya alertó de la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de rebajar el riesgo de fuga ante la "extensión" de la pena de cárcel a la que se enfrentan la esposa del presidente del Gobierno, la asesora de Moncloa y el empresario. Peticiones de prisión Las acusaciones populares solicitan 24 años de prisión para la mujer del jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En el caso de su asistente Cristina Álvarez, se solicitan 22 años de cárcel y seis años para el empresario Carlos Barrabés. Por su parte, la asociación Manos Limpias presentó un escrito para solicitar solo 10 años de cárcel para la mujer del presidente por delitos de tráfico de influencias y malversación. No obstante, el juez Peinado no le permitió desgajarse del resto de acusaciones populares agrupadas bajo la dirección de Hazte Oír. La acusación popular sostiene que Begoña Gómez utilizó su posición institucional para influir en decisiones públicas y obtener ventajas económicas y profesionales en el ámbito privado y universitario. Mantienen que la investigada aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su actividad profesional y afianzar su "capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados", siendo además "consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales". La asesora de Moncloa está acusada de haber realizado trabajos para la esposa del presidente relacionados con su actividad privada, pese a que su retribución con fondos públicos solo le facultaba para asistirla en asuntos públicos. La acusación mantiene, además, que su nombramiento no cumplió con los méritos de capacidad y experiencia necesarios y que fue designada a petición de la principal investigada. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez critica que el juez haya querido "dar carpetazo a la fase de investigación con una rapidez inusitada", sin permitir la práctica de diligencias ni que las partes puedan solicitar nuevas pruebas. A su juicio, esa decisión ha provocado una "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión", además de apreciar que la causa responde a un procedimiento "prospectivo". Su abogado, Antonio Camacho, ha defendido en múltiples escritos que el instructor ha ido adaptando la causa para sostener los delitos investigados, en un proceso que califican de "cristalización progresiva", basado en "hipótesis" y no en pruebas. Más de tres horas de comparecencia Durante la celebración de la vista de este lunes, el letrado ha vuelto a insistir en que no existen indicios suficientes para enviar a juicio a la mujer de Sánchez. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, Camacho ha mantenido ante el juez que el registro de la marca del software a su nombre no constituye materialmente un objeto de apropiación indebida y ha defendido que la plataforma registrada bajo el nombre de la cátedra fue entregado a la UCM, pero nunca a su cliente de forma particular. Estas circunstancias han hecho que decenas de periodistas se agolpen esta tarde a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla. Poco antes de las 18:00 horas, la esposa de Pedro Sánchez ha accedido por el garaje como en otras ocasiones. Otro camino ha decidido emprender el empresario Carlos Barrabés, que ha llegado a pie a los juzgados acompañado de un bastón y con evidentes problemas para caminar. También antes del inicio de la cita de este lunes ante el juez, Hazte Oír ha anunciado su intención de solicitar la retirada de pasaporte de Begoña Gómez y su comparecencia en el juzgado cada 15 días. No obstante, tanto los presentes en Sala como los espectadores que esperaban la salida de Begoña Gómez han tenido que esperar más de dos horas para conocer la decisión del juez sobre el futuro inmediato de la cónyuge del líder del PSOE. Tras dos años de investigación, el procedimiento entra en su fase decisiva con Begoña Gómez a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Peinado resolverá en los próximos días si procede el sobreseimiento de la causa o si, por el contrario, veremos a la esposa del presidente del Gobierno sometida al escrutinio de un jurado popular. Las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado acordó la celebración de una audiencia preliminar prevista en la legislación como paso necesario para la apertura de un juicio con jurado, a la que también convocó a la asesora de Moncloa y al empresario Carlos Barrabés.