Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tardará unos días en saber si el juez Juan Carlos Peinado le retira o no el pasaporte. El magistrado ha mantenido hoy una larga vista preliminar con Gómez y los otros dos acusados en este caso, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han pedido que se retire el pasaporte a Gómez y que se la obligue a comparecer en el juzgado cada quince días. También han solicitado que no pueda viajar al extranjero y que se le prohíba disponer de la sociedad y las marcas registradas relacionadas con el caso.Para Álvarez, han solicitado también retirada del pasaporte, comparecencias quinquenales y que no pueda viajar al exterior. Las acusaciones no han reclamado ninguna medida cautelar para Barrabés.Ha sido una larga tarde judicial de casi cuatro horas, que ha finalizado al filo de las 22.00 horas. Peinado no ha tomado todavía una decisión. Tiene tres días para dictar un auto de apertura de juicio oral. Y aunque no hay plazo legal para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones, deberá resolver esta cuestión a la mayor brevedad posible.Gómez entró y salió de la sede judicial por motivos de seguridad en coche por el párking. A las puertas del tribunal se agruparon unas diez personas que gritaban consignas contra la esposa del presidente del Gobierno: “Begoña, querida, estamos aquí para verte detenida”. Mientras, en el interior de los tribunales de la plaza Castilla de Madrid, Peinado ha comunicado a Gómez y a los otros dos investigados, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, su intención de llevarlos a juico con un jurado popular por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida en el caso de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Los delitos de malversación y tráfico de influencias son susceptibles de ser juzgados por un jurado popular, que estaría compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar, de acuerdo con la ley. Las defensas y la Fiscalía han pedido el archivo del caso al considerar que no se ha cometido delito alguno.Sin embargo, la decisión, aunque ya está comunicada a los investigados, no es firme. La defensa de Gómez recurrió el auto de procesamiento de Peinado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene que tomar una decisión sobre si el juicio sigue o no adelante o si lo hace por los cuatro delitos que imputa el juez instructor o por menos cargos. Las acusaciones populares piden 24 años de prisión para Gómez, 22 para Álvarez y seis para el empresario Barrabés.A la espera de esa decisión, Peinado considera que Gómez debe ser juzgada por haber utilizado su posición y contactos como esposa del presidente del Gobierno para favorecer determinados intereses privados y obtener ventajas para proyectos profesionales propios. En concreto, el magistrado sospecha que Gómez habría aprovechado su cercanía al poder político para apoyar a determinadas empresas, especialmente las relacionadas con el empresario Juan Carlos Barrabés.Según la investigación, Gómez habría firmado cartas de recomendación y habría mantenido relaciones profesionales con empresas que posteriormente obtuvieron contratos públicos. El juez cree que esas actuaciones pudieron influir indebidamente en decisiones de las administraciones públicas y sostiene que, en consecuencia, se podría haber producido un delito de tráfico de influencias.Gómez dirigía la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) creada en 2020. El juez instructor cree también que pudo existir algún intercambio de favores o beneficios entre la esposa del presidente del Gobierno y empresas privadas que colaboraban con los proyectos académicos de Gómez y que esas actividades podrían haber desembocado en un delito de corrupción en los negocios.También considera Peinado que en este caso pudo producirse un delito de malversación de caudales públicos haberse utilizado al personal pagado por el Estado para actividades privadas relacionadas con la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Una de las cuestiones examinadas es el papel de una asesora de Moncloa que habría realizado tareas vinculadas a esos proyectos. Se trata de Cristina Álvarez, que también está investigada y ha comparecido en la vistilla de esta tarde junto a Gómez.Por último, el magistrado atribuye a Gómez un delito de apropiación indebida al considerar que la esposa del presidente del Gobierno se apropió o registró en su beneficio determinados elementos relacionados con un software o una plataforma desarrollados en el ámbito universitario de la cátedra que codirigía. De hecho, la Universidad Complutense de Madrid se personó hace unas semanas en la causa judicial. Reclama 109.140,79 euros a Begoña Gómez en concepto de daños y perjuicios por la presunta apropiación indebida relacionada con ese software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva.La reclamación de la Complutense se sustenta en que el software fue desarrollado en el ámbito de la cátedra de la Universidad mediante contratos y recursos vinculados al centro educativo. La Complutense se considera posible perjudicada y reclama una indemnización económica si finalmente hubiera una condena judicial. La universidad está reservándose el derecho a recuperar ese dinero si los tribunales concluyen que existió apropiación indebida. La defensa de Gómez niega que hubiera delito alguno.Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia