El caso Begoña Gómez ha vivido este lunes otra larga jornada en el juzgado encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor ha dirigido durante más de tres horas una audiencia preliminar del proceso que mantiene imputada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la ley, esta sesión es un paso previo necesario para que Peinado pueda abrir juicio oral contra ella y los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. La cita también ha servido para que las acusaciones populares pidan que se le retira el pasaporte a la mujer del líder del PSOE, se le prohíba salir del país y se le obligue a comparecer cada 15 días en un juzgado. Fuentes jurídicas indican que el magistrado no tiene previsto resolver este mismo lunes sobre esta solicitud.La comparecencia de este lunes ha vuelto a generar una enorme expectación ante los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, donde se han concentrado decenas de periodistas y agitadores ultra (como Bertrand Ndongo, que se ha saltado incluso un cordón de seguridad para acercarse al imputado Juan Carlos Barrabés cuando entraba al edificio con ayuda debido a su delicado estado de salud). Con esta nueva cita, el juez Peinado marca otro punto y aparte en su instrucción, cargada de polémica desde su arranque en abril de 2024, cuando recibió una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias e impulsó un expansivo procedimiento que se ha prolongado más de dos años —corregido por todas las instancias superiores y criticado duramente por la Fiscalía—.La Ley del Tribunal del Jurado contempla esta vista preliminar como un paso necesario para sentar en el banquillo a los imputados. Según la norma, una vez que los procesados han presentado sus escritos de defensa, el instructor fija esta cita para que las partes se pronuncien sobre la “procedencia de la apertura de juicio”. Entonces, tras escuchar a todos, el magistrado puede dictar en el mismo acto o durante “los tres días siguientes”, la resolución pertinente para dar ese paso definitivo o decretar el archivo del caso.Pese a que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez había solicitado paralizar la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que están pendientes, Peinado decidió dar este paso al frente y convocar a esta audiencia preliminar a los tres investigados: Begoña Gómez; Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Al citarlos, el magistrado ya les advirtió que tenían la obligación de presentarse y que, en el caso de no acudir, serían “conducidos por la fuerza pública”, además de avisar de que en esta vista “podría adoptar alguna medida cautelar” que “evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de la pena de cárcel a la que se enfrentan. La acusación popular, liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que pide 24 años de prisión para la mujer del presidente, anunció que iba a reclamar que le retiraran el pasaporte y le obligaran a comparecer cada 15 días en un juzgado.Peinado atribuye hasta cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción gira en torno a dos tesis principales: que la esposa de Sánchez se aprovechó de su relación con el líder del PSOE para impulsar su carrera profesional; y que se apoyó en su asesora para que la ayudara en sus trabajos privados. Pese a las críticas, el juez considera que se tejió así una trama de corrupción que no se veía desde “el reinado de Fernando VII”: “Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, escribió en la resolución dictada el pasado abril, cuando propuso sentar en el banquillo a los tres imputados.Tras recibir la denuncia de Manos Limpias, la investigación se centró primero en la relación profesional de Gómez con empresarios y su vínculo laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como en el desarrollo de un software para dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor focaliza los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Luego, sin embargo, el juez amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que colaborara con ella en su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya una presunta malversación.