El magistrado Juan Carlos Peinado dejó en el aire durante cinco días dos de las decisiones más controvertidas de su carrera (y acumula ya bastantes en la causa que ha impulsado desde 2024 contra Begoña Gómez). Pero este sábado, finalmente, las ha comunicado: ha resuelto abrir juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno, además de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer dos veces al mes ante un juzgado. Una medida inaudita en la reciente historia democrática de España y que adopta a petición de la acusación popular, liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que integra a grupos de extrema derecha, como el partido político Vox. Peinado ha impuesto las mismas medidas a Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en La Moncloa.Peinado, que había rechazado en ocasiones anteriores restringir los movimientos de la esposa de Pedro Sánchez, da ahora un giro enorme. En su resolución de este sábado, no solo esgrime que aprecia unos “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”, sino que, ante las penas de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que les atribuye a ambas, considera que existe el riesgo de que las dos traten “de eludir la acción de la justicia”. El magistrado alega, incluso, que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez pueden ayudarlas en su fuga: “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, afirma.Peinado va incluso más allá en su dictamen y remacha sobre la pareja de Sánchez: “Pero además de lo anterior, y especialmente trascendente, es que la condición de actual presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero y, por tanto, transitorio. Y esa protección o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría aún más esa hipotética fuga”. Con esta tesis, el juez rebate la posición que expuso su defensa para oponerse a la retirada de pasaporte y al resto de medidas: su abogado Antonio Camacho recordó que vive en La Moncloa (un complejo muy vigilado) y rodeada de policías que la escoltan. De hecho, después de que la acusación popular pidiese el lunes restringir los movimientos de Begoña Gómez, el Gobierno mostró su oposición. “Es una medida que no se entendería”, resumió Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros del martes. Y este sábado, tras conocer la decisión de retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país, fuentes de La Moncloa han cargado contra el magistrado: “Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. No era la primera vez que la acusación popular pedía la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. Ya había intentado infligir ese duro golpe a la pareja de Pedro Sánchez en noviembre de 2024, con motivo del viaje que tenía previsto junto a su marido a la cumbre mundial del G-20, que se celebró en Brasil. Pero, en ese momento, Juan Carlos Peinado rechazó restringir sus movimientos al considerarlo “innecesario” y “desproporcionado”. El juez argumentó en ese momento que la instrucción estaba en una “fase inicial” (aunque llevaba ya medio año) y añadió, como reproche a la esposa del presidente, que veía “difícilmente contemplable” que pretendiese residir en el extranjero con “carácter prolongado en el tiempo” debido a que ella “disfrutaba” de una “situación” vital y “condiciones superiores a los de la media de cualquier ciudadano residente en España”.Fuentes del Gobierno comparan, precisamente, la decisión de Peinado de este sábado con la adoptada el pasado miércoles por el magistrado José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, que rechazó aplicar estas mismas medidas a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en la causa que lo mantiene imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama concluyó que no se habían disipado los indicios contra el exjefe del Ejecutivo, pero que eso no era suficiente para considerar la existencia de un riesgo de fuga debido a que “el investigado es una persona de pública notoriedad”: “Circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”.La decisión del magistrado Peinado de abrir juicio oral no puede recurrirse ante la Audiencia de Madrid, según él mismo indica en su resolución. Pero los abogados de Begoña Gómez y Cristina Álvarez sí pueden presentar alegaciones contra las medidas cautelares que les ha impuesto ahora. Además, el tribunal provincial aún tiene sobre la mesa la posibilidad de tumbar un futuro juicio si anula el procesamiento de ambas y del empresario Juan Carlos Barrabés, como han solicitado los tres. La Fiscalía también ha reclamado el archivo.En esta parte del sumario que ha enviado a juicio, Peinado atribuye cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción gira en torno a dos tesis principales: que la esposa de Sánchez se aprovechó de su relación con el líder del PSOE para impulsar su carrera profesional; y que se apoyó en su asesora para que la ayudara en sus trabajos privados. Pese a las críticas, el juez considera que se tejió así una trama de corrupción que no se veía desde “el reinado de Fernando VII”. “Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, escribió Peinado en una resolución dictada el pasado abril, cuando propuso sentarla en el banquillo. La defensa de Gómez recurrió esta decisión ante la Audiencia de Madrid y pidió a Peinado que, antes de abrir juicio oral, esperara a que el tribunal provincial se pronuncie. Pero el instructor no ha querido. El próximo 27 de septiembre, Peinado cumplirá 72 años y, por ley, tendrá que jubilarse.De cara a la celebración del juicio, la acusación popular reclama que se condene a 24 años de prisión a la mujer de Pedro Sánchez. Por su parte, solicita 22 años de cárcel para la asesora Cristina Álvarez; y seis años para el empresario Barrabés.“La ignominia”Tras conocerse la resolución del juez Peinado, numerosos miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE la han criticado abiertamente. Y con duras palabras. “La ignominia”, ha resumido Óscar Puente, ministro de Transportes: “Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial]”, ha dicho en la red social X (antiguo Twitter). Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha apuntado: “Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio. El que pueda hacer que haga en su máxima expresión”.Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha utilizado en redes sociales el hashtag #YoConBegoña y ha remachado: Demasiado odio. Completamente injustificable”. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías, desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, ha ahondado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del partido en Madrid.