EDITORIALSe necesita también un Organismo Judicial debidamente fiscalizado y que trabaje en favor de la población.
La revelación hecha por autoridades de seguridad acerca de que ya tienen “perfilados” a los integrantes de una estructura criminal que extorsiona a camioneros en la ruta al Pacífico desata preguntas y escepticismo. Primero, si el término “perfilar” equivale a identificar o si solo es un eufemismo para decir que aún no lo hacen. Pero, entonces, ¿por qué lo divulgan así? Y si acaso la Policía Nacional Civil afirma que ya conoce la forma de operar de estos fascinerosos, lo lógico es preguntar qué esperan para capturarlos.
Pilotos de transporte pesado han denunciado que, aproximadamente entre los kilómetros 110 y 145 de la CA-2, opera una “talacha” criminal. Individuos armados condicionan el paso seguro de camiones, exigiendo pagos de hasta US$250 por unidad, y amenazan con represalias a los conductores que se nieguen. El asesinato del piloto hondureño Jimmy Ronald Martínez Paz, posiblemente vinculado a estas exacciones, añade una dimensión más grave al problema.
Lo peor es que tales rufianes actúan a plena luz del día, como si tuvieran o creyeran tener impunidad garantizada. Un video de uno de estos bandidos motorizados en plena amenaza exuda desfachatez y a la vez desnuda la disfuncionalidad de caducas prácticas del siglo pasado, como los retenes policiales, cuyos integrantes prácticamente están a la espera de que los ofensores se entreguen con diligencia. Eligen vehículos al azar, como si tuvieran un escáner mental. Cualquier delincuente que los ve a la distancia cruza a otro lado o incluso aplicaciones como Waze señalan la parada kilómetros antes. Los resultados de tales prácticas son nimios en comparación con su costo de oportunidad logística. Mientras tanto, los extorsionistas ven que, si están varados allá, delinquen a sus anchas en el tramo sin vigilancia.
