El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.
El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.
Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.
La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones.
TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.
