El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene cuatro meses para modificar la ordenanza fiscal que regula su tributo metropolitano, un recargo al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se aplica a los propietarios de la capital catalana y los 35 municipios que la rodean. El vicepresidente del AMB, Antoni Balmon, también alcalde de Cornellà, será el encargado de poner de acuerdo a los distintos ayuntamientos y colores políticos, pero encajar las piezas de todo el puzzle no será sencillo y dentro del Gobierno de la gran Barcelona se teme que no pueda ser del actual tamaño: en torno a 130 millones de euros de ingresos anuales. “Será imposible mantener esa cifra”, asumen fuentes de la institución, que no descartan quedarse con los ingresos de 2018, cuando aún no se pagaba ese tributo en 18 municipios de la segunda corona metropolitana: 30 millones menos.
El embrollo tiene su origen en diferentes sentencias del Tribunal Supremo, la primera de 2022, que avalaban fallos anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que obligan a la AMB a fijar unas condiciones similares de pago a todos los contribuyentes afectados, sean particulares o empresas. Cuando recibió el primer fallo ya sin opción a recurso, el Gobierno metropolitano elaboró un análisis jurídico para determinar cómo actuar y presentó un incidente de ejecución de sentencia cuya respuesta llegó el año pasado. Tras la moratoria en la aplicación que se ha prolongado durante el actual ejercicio, a la institución se le ha acabado el tiempo. El próximo año deberá poner punto y final a las desigualdades de gravámenes en el que es su principal tributo propio.
