Han pasado dos años desde que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue investido y una de sus promesas electorales estrella sigue sin cumplirse por falta de apoyos: la reforma del 30%, la norma que obliga a los promotores a destinar este porcentaje de los pisos que construyen a vivienda social. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, y en un último intento, el ejecutivo ha retomado las negociaciones con Junts, con quien ya tiene cerrada la letra pequeña de la reforma. Ahora uno de los escollos es la exigencia de los neoconvergentes de rebajar un 4% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el principal impuesto para cualquier ayuntamiento.
El ejecutivo municipal se muestra abierto a una rebaja, pero sin perder un euro en ingresos: propone compensar la caída de recaudación exprimiendo el tramo local del impuesto turístico, según fuentes de Junts, que todavía tiene margen. La calculadora de cuánto por aquí y cuánto por allá echa humo. Hasta ahora, el alcalde se había mostrado cauto en apretar más las tuercas al sector turístico y se ha limitado a subir el impuesto a hoteles de lujo y cruceros que no pasan la noche en la ciudad.
Con todo, el acuerdo no pinta fácil. El Gobierno municipal insiste en la urgencia de desbloquear la construcción de pisos en la ciudad y pide altura de miras a Junts. Fuentes del partido de Carles Puigdemont insisten en que la rebaja del IBI debe ser del 4%, que no es negociable. Además, apuntan que la crisis abierta en el PSOE por el caso Cerdán complica cualquier acuerdo. Por si fuera poco enrevesada la situación, en Junts, tanto en el grupo municipal como especialmente en el entorno de Puigdemont, todavía sangra la herida que causó que el PSC les levantara la silla en una investidura a Collboni in extremis (con los votos de los comunes y el PP). “Al PSC, cero oxígeno”, defiende parte del grupo municipal.
