La construcción de obra nueva en Barcelona se encuentra casi paralizada desde hace meses por la negativa de los constructores a aplicar la norma municipal que obliga a reservar para vivienda protegida un 30% del total de las nuevas promociones. Los constructores mantienen sus promociones en barbecho con el argumento de que no les salen las cuentas. Y así seguirá después del portazo de Junts per Catalunya a pactar con el alcalde Jaume Collboni (PSC) una flexibilización de la norma que vienen negociando desde hace meses. El desencuentro llegó ayer a cotas máximas con el anuncio de Junts de que se levanta de la mesa de negociación porque considera que Collboni no acepta ninguna de sus exigencias, entre ellas una sustancial rebaja del 4% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Desde que la norma entró en vigor, en 2018, se han terminado 26 pisos, y el Consistorio ha concedido licencias para edificar hasta 80 pisos públicos más. Hay, además, 50 en trámite. Sin embargo, la obligación de reservar el 30% de superficie para pisos sociales ha hundido la nueva construcción. La norma fue pactada en 2018 con el apoyo de los socialistas y de Junts además de los comunes y ERC. Pero todos excepto los comunes consideran que no ha dado los frutos esperados.
