El sistema de prestaciones sociales de la Generalitat es tan complejo e ineficiente que ha llevado a hacer pagos millonarios a personas que no tenían derecho a percibir las ayudas. Así lo certifica un informe de la Sindicatura de Cuentas publicado este miércoles, que fiscaliza y pone cifras a una situación que ya admitió el pasado mes de octubre la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez. Concretamente, según el informe, se pagaron 167,5 millones de euros indebidamente entre 2016 y 2024, de los cuales 155,9 millones están en proceso de reclamación y 7,17 millones ya han prescrito. El informe califica el mapa de prestaciones como “excesivamente complejo” y afea a la Generalitat no haber promovido “una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos”. El grueso de los pagos indebidos tiene que ver con las prestaciones de dependencia (70,6 millones), pensiones no contributivas (43,7 millones), y Renta Garantizada de Ciudadanía (36,1 millones). Hay también otros ámbitos, entre ellos las ayudas a jóvenes extutelados (250.000 euros en total).
El pasado mes de octubre —cuando la consejera Martínez llevaba poco tiempo en el cargo tras el inicio de la investidura del president Salvador Illa en verano— trascendió que uno de los problemas que arrastraba el departamento de Derechos Sociales desde hacía tiempo era el caos en la adjudicación de prestaciones sociales. Tras haber concedido ayudas a familias vulnerables, la administración las revisó y vio que una parte de estas ayudas, principalmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, se habían pagado indebidamente: es decir, que las familias —en aquel momento se cifró en más de 12.000 personas—, pese a ser vulnerables, no cumplían todos los requisitos para percibirlas, y por ley tenían que devolver los importes. Martínez zanjó la que fue su primera crisis como consejera con una propuesta de amnistía para que las familias no tuviesen que devolver las ayudas. La consejera también
