El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión de las ayudas al empleo en pandemia a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) modificados específicamente para atender la urgencia generada por la covid. En términos generales, este organismo ha detectado numerosas “deficiencias de gestión en los ERTE durante la pandemia”. Si bien, las posibles irregularidades detectadas no tuvieron repercusiones negativas sobre un gran número de personas. En concreto, en una de las principales demandas de este informe, el Tribunal reclama al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que “analice y revise” si las prestaciones por desempleo cobradas por 10.896 beneficiarios de ERTE, por valor de 25,4 millones de euros, fueron correctamente reconocidas y percibidas, ya que la situación de inactividad de estos trabajadores no fue comunicada por las empresas a la Seguridad Social.
Las informaciones llegadas a los fiscalizadores entre marzo de 2020 y marzo de 2022 —plazo en el que se ha centrado el análisis del tribunal— indican que más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-Covid, que beneficiaron a 4,15 millones de trabajadores. El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.278 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 7.964 millones de euros por exoneraciones de cotizaciones sociales.
