Hace prácticamente una semana, el papa León XIV defendió en el Congreso la "acogida respetuosa" de las personas migrantes, la igualdad de derechos y la crítica a la idea de la "prioridad nacional". El hemiciclo del Congreso y del Senado —incluidos PP y Vox— respondió con una ovación de siete minutos y gritos de "¡Viva el Papa!". Apenas cuatro días después de dicho discurso, trascendió que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había planteado vincular la tarjeta de transporte al empadronamiento, una medida que dejaría fuera a miles de personas, especialmente migrantes y estudiantes —aunque el Gobierno popular acabó el lunes rectificando en el caso de estos últimos, mantuvo el veto a las personas migrantes—. PublicidadAl día siguiente, el 13 de junio, se conoció que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida está dando instrucciones para no avisar a las personas en situación de sinhogarismo cuando sus pertenencias van a ser retiradas en el marco de los protocolos de limpieza. Según una fuente de Samur Social en una información de El País, en la mayoría de los casos no hay personas presentes cuando los equipos municipales llegan a realizar las labores de limpieza, por lo que se procede a retirar y desechar los enseres que se encuentran en la zona, incluyendo documentación personal y medicación. Por si fuera poco, este lunes salió a la luz que la administración madrileña ha aprobado únicamente cinco solicitudes del sistema de Asistencia Sanitaria Extranjeros (DASE), el mecanismo creado en 2021 para garantizar el acceso a la sanidad pública de personas en situación administrativa irregular. "En Madrid no existe un discurso público de acogida. Para Almeida y para Ayuso las personas migrantes son únicamente mano de obra", afirma tajante María Bennouna, presidenta de la organización SOS Racismo Madrid. Denuncia lo que tacha de políticas "abiertamente racistas" y de "revulnerabilización" de la población migrante. Bennouna señala especialmente las restricciones vinculadas al empadronamiento, una herramienta que —recalca— se ha convertido en una "barrera estructural" para el acceso a derechos básicos, con especial incidencia en las personas en situación administrativa irregular. "Es prácticamente imposible empadronarse en esta comunidad siendo migrante", dice a Público. A ello, prosigue, se suman nuevas limitaciones que agravan la exclusión social, como las dificultades de acceso a la sanidad o al transporte público. También critica las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en relación con las personas sin hogar, que interpreta como parte de una estrategia de expulsión del espacio urbano. "Retirar sus pertenencias para 'limpiar' las calles es otra forma de mandarlas a los márgenes", insiste. Bennouna advierte de un patrón de "discriminación estructural" que, concluye, "profundiza aún más las desigualdades".Maite Zabalza, Red Interlavapiés: "Las políticas del Almeida y de Ayuso van de la mano y se orientan a excluir a las personas empobrecidas""Es una hipocresía lo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con la visita del Papa, donde se ha hablado de la dignidad de la persona por encima de cualquier política, y luego se sigue actuando en dirección contraria", manifiesta Maite Zabalza, voluntaria de la Red Interlavapiés, al otro lado del teléfono. A su parecer, "desde el anuncio de la regularización extraordinaria se ha endurecido el acceso al empadronamiento", lo que interpreta como un plan de "trabas" al proceso de regularización y un ejemplo de "aporofobia". Zabalza denuncia que las medidas adoptadas por los de Ayuso son "claramente discriminatorias" hacia las personas migrantes y vulnerables. "El padrón se está convirtiendo en un privilegio", corrobora, al tiempo que subraya las dificultades que enfrentan quienes no disponen de contrato de alquiler o viven en situaciones habitacionales precarias.PublicidadEn este sentido, critica que el consistorio esté exigiendo un contrato de alquiler a nombre de la persona solicitante como requisito para empadronarse, lo que, según señala, deja fuera a muchas personas en movilidad o en situaciones de vulnerabilidad residencial. "Se está castigando a quienes no pueden demostrar una vivienda formal", lamenta. Zabalza considera que las políticas de Almeida y de Ayuso "van de la mano" y se orientan, bajo su mirada, a excluir a las personas empobrecidas y vulnerabilizadas del acceso a derechos básicos."Almeida siguiendo pasito a pasito el manual de Ayuso"Estas medidas también han levantado una enorme polvareda en el terreno político. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado en un mensaje publicado en X la contradicción entre el discurso institucional y las políticas del Gobierno popular: "Una semana atienden con fervor a la misa del Papa y la siguiente dictan órdenes de pura crueldad contra los más vulnerables. Almeida siguiendo pasito a pasito el manual de Ayuso". PublicidadEn la misma línea, el PSOE de Madrid ha denunciado a través de la misma red social lo que considera "otra medida excluyente y racista del Gobierno de Ayuso", que "se ceba como siempre con los más vulnerables". El grupo parlamentario ha registrado además una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar la retirada de la obligatoriedad del empadronamiento como requisito para acceder a la tarjeta de transporte.