La plataforma Marea de Residencias ha denunciado que la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco de plazas concertadas de la Comunidad de Madrid, prevista para el próximo 1 de julio, podría provocar el traslado de cientos de personas mayores dependientes y obligar a numerosas familias a asumir costes adicionales para evitar el cambio de centro.PublicidadEn un comunicado difundido este lunes, la organización alerta de lo que considera un "desahucio institucional" que, a su juicio, se repite cada vez que se renuevan los contratos de concertación de plazas residenciales. Según sostiene, algunas empresas privadas habrían optado por no adherirse al nuevo marco de contratación al considerar insuficientes las condiciones económicas ofrecidas por la Administración autonómica."La administración ofrece entonces un trágico dilema: aceptar un traslado forzoso a un centro lejano y desconocido o renunciar a la plaza pública a cambio del 'cheque residencia'", afirma la plataforma.Fondos públicosMarea de Residencias asegura que la salida de determinados centros del sistema de concertación supondría la supresión de plazas financiadas íntegramente con fondos públicos y obligaría a los residentes afectados a elegir entre ser trasladados a otros centros o acogerse a la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), conocida popularmente como "cheque residencia".Según la organización, esta situación podría afectar a más de 600 personas en situación de gran dependencia, una cifra que atribuye a la experiencia de anteriores procesos de renovación contractual, aunque reconoce que la "opacidad" de la Administración impide conocer por el momento el número exacto de afectados.PublicidadLa PEVS forma parte del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y está contemplada en la normativa estatal y autonómica. La Comunidad de Madrid la define como una ayuda económica destinada a contribuir a financiar un servicio prestado por un centro privado acreditado cuando no es posible acceder a una plaza pública o concertada. El usuario elige el centro y la cuantía de la prestación depende del grado de dependencia y de la capacidad económica de la persona beneficiaria. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales señala además que esta prestación está destinada precisamente a situaciones en las que no existe acceso a un recurso público financiado por cualquier administración.Herramienta de presiónSin embargo, Marea de Residencias sostiene que, en la práctica, el cheque se convierte en una herramienta de presión para las familias que desean evitar el traslado de sus familiares. "La única alternativa ofrecida para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque", afirma la entidad, que denuncia que la ayuda pública no cubre el coste total de las tarifas privadas y obliga a muchas familias a sufragar la diferencia.Publicidad"Las familias se ven obligadas a cofinanciar de su propio bolsillo la diferencia de precio, enriqueciendo directamente al negocio privado a costa de su patrimonio", añade el comunicado.La plataforma considera que el nuevo sistema consolida un modelo "mercantilizado" de atención residencial, al permitir que empresas privadas y grandes grupos del sector puedan decidir si continúan o no prestando el servicio en función de su rentabilidad."Es intolerable que la vejez y la dependencia se traten como mercancías de saldo donde las empresas entran y salen de los convenios según sus márgenes de beneficio", sostiene la organización.Centros sancionadosAsimismo, denuncia que algunos centros sancionados o sometidos a investigaciones administrativas continúan recibiendo financiación pública y cita expresamente el caso de la residencia BOUCO Carabanchel, sobre el que reclama explicaciones.La renovación periódica de los acuerdos marco de plazas concertadas ha sido objeto de debate en los últimos años entre la Comunidad de Madrid, las patronales del sector y las organizaciones de familiares y usuarios. Mientras el Gobierno regional defiende que los nuevos contratos incorporan mejoras económicas y garantizan la sostenibilidad del sistema, colectivos como Marea de Residencias reclaman una reducción progresiva del peso de la gestión privada y una ampliación de la red de titularidad y gestión pública.En este contexto, la plataforma exige la paralización del actual modelo de concertación y reclama la creación de una red de residencias "100% pública, blindada y centrada en los derechos humanos".