La Comunidad de Madrid quiere que el resto de gobiernos autonómicos cofinancien el acceso de sus ciudadanos a la tarjeta de transportes madrileña, eximiendo así a estudiantes y trabajadores de otras provincias de cumplir con el polémico nuevo requisito de estar empadronados en la región capital. El director gerente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero, envió este miércoles a sus homólogos del resto de España una carta en la que les animaba a firmar convenios que partan “del principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones”. Así, como adelantó EL PAÍS, Madrid pretende que el resto de regiones cofinancie la rectificación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que en apenas 72 horas pasó de exigir a todos los usuarios el requisito del empadronamiento a proponer estos acuerdos de copago. De hacerse, estudiantes extranjeros y emigrantes quedarán como los principales afectados por la nueva norma, cuyo cumplimiento en la capital depende de que se logre sortear el colapso del sistema de citas para empadronarse en el Ayuntamiento de Madrid. Madrid, se lee en la misiva, a la que accedió este diario, “ha reforzado la exigencia de que los solicitantes de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) acrediten su condición de empadronados en un municipio de la Comunidad de Madrid o en alguna de las comunidades autónomas con las que existe convenio de colaboración, como Castilla-La Mancha”. Y se sigue: “En este sentido, te invito a que estudies la posibilidad de firmar acuerdos similares, con el fin de que los beneficios asociados a los abonos personales lleguen a un mayor número de ciudadanos que, por razón de proximidad o circunstancias laborales o familiares, se desplazan con asiduidad a la Comunidad de Madrid, aunque no hayan fijado aquí su residencia”.La comunicación de Rodríguez subraya que tiene “carácter prioritario” que los jóvenes de otras provincias puedan seguir acogiéndose a los descuentos para el transporte público en las mismas condiciones que hasta ahora. E incluso plantea enviar a los interesados un borrador de convenio que recoja los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para proceder a su formalización. Eso coloca al resto de comunidades y ciudades autónomas en una incomodísima situación: justo cuando la mayoría afrontan elecciones en 2027, Madrid les obliga a elegir entre pagar un dinero que no tenían previsto para cofinanciar su sistema de transportes, o decirles a los ciudadanos que se quedan sin descuentos. Para llegar hasta aquí, Madrid ha decidido aplicar una norma de 2011. Es decir, que ha tardado 15 años en activarla. La excusa para esa tardanza es múltiple, según traslada un portavoz gubernamental: “La implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de covid-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, la activación de la condición de estar empadronado llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP. Lo que es seguro es que desde el lunes nadie puede sacarse la tarjeta de transportes en Madrid, o renovarla, sin estar empadronado, salvo excepciones minoritarias como las familias numerosas o los residentes en municipios concretos de Castilla-La Mancha y Castilla y León. El espejo en el que Madrid quiere que se miren el resto de regiones es precisamente el de sus convenios con estas dos comunidades. Castilla-La Mancha y Castilla y León han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. 200.000 afectadosQue el ejecutivo de Díaz Ayuso quiera ahora ampliar esos convenios al resto de gobiernos autonómicos y ciudades autónomas refleja un brusco cambio de rumbo, motivado por la polémica de vincular la tarjeta al empadronamiento, y por el gran volumen de afectados: 200.000 personas, según cálculos de la propia administración. Sin embargo, esta solución, que llevará meses arbitrar, no arregla la situación de los migrantes sin alta en el padrón, ni de los alumnos extranjeros, que se enfrentan desde hace meses al colapso del sistema de citas para empadronarse en la capital de España. PDe esta manera, cuando el proceso de convenios se cierre, lo previsible es que los más afectados sean los migrantes. Su problema no es solo que el sistema de citas para el padrón haya estado colapsado durante meses, creando el caldo de cultivo para un negocio paralelo en el que se paga por un servicio gratuito. Ahora que está abierta la vía telemática, les afecta una cuestión doble: que muchos desconocen esta opción, pues el Ayuntamiento apenas la ha publicitado, y que aquellos que viven subarrendados en habitaciones se pueden encontrar con la circunstancia de que el contrato de alquiler del piso prohíba expresamente que se empadronen en él más personas que los arrendadores originales.