El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere que otros ejecutivos autonómicos cofinancien que los estudiantes no empadronados de estas regiones usen la tarjeta de transporte público autonómica. El modelo a seguir son los convenios ya firmados con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas regiones han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Que ese tipo de pactos se vayan ahora a extender a otras regiones es producto de una rectificación de Díaz Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento para tener la tarjeta de transportes a abrirse a firmar convenios para eximir del requisito a los estudiantes de otras regiones. Sin embargo, esta solución, que llevará meses arbitrar, no soluciona la situación de los migrantes sin alta en el padrón, ni de los alumnos extranjeros, que se enfrentan desde hace meses al colapso del sistema de citas para empadronarse en la capital de España. ¿Pedirá Madrid a las regiones con las que firmará ahora los convenios que hagan un desembolso millonario? “Se hará como ya se hace con los convenios vigentes”, responde un portavoz gubernamental sobre los acuerdos ya en marcha, que supusieron que Castilla-La Mancha presupuestara más de 15 millones de gastos para el periodo 2022-2024, según información pública, y que Castilla y León tenga previsto otro presupuesto millonario de 2026 a 2030. “Obvio”, recalca este interlocutor sobre unos acuerdos que existían antes de que el requisito de empadronamiento entrara en vigor el lunes, y que están exentos de cumplir con él, tal y como detalla la nueva normativa. Sobre los convenios a firmar a partir de ahora con otras regiones, la Comunidad de Madrid no quiere dar más detalles. Ni el de cuánto tardará en firmar estos acuerdos, que requieren de un largo proceso burocrático con múltiples informes preceptivos. Ni el de qué regiones priorizará a la hora de firmarlos. Ni el de qué coste económico tendrá para Madrid y el resto de comunidades cambiar un sistema que venía funcionando de la misma manera desde hace décadas. Por ahora, la pelota está en el tejado del Consorcio regional de transportes (CRTM). “Lo está estudiando”, dicen en la Comunidad de Madrid. La firma de esos los convenios Castilla y León y Castilla-La Mancha, herederos de administraciones previas, produjo una extraña estampa de colaboración entre administraciones en la España de las trincheras partidistas. Así, estos dos acuerdos, ampliados con otros tantos para facilitar la lucha contra los incendios en las áreas fronterizas, dejaron, por ejemplo, la foto de una presidenta del PP (Díaz Ayuso) estampando su rúbrica junto a la de un presidente del PSOE (Emiliano García-Page). Si aquello fue un ejemplo de iniciativa política, lo que viene ahora es el reconocimiento de un error: en apenas 72 horas, Madrid ha pasado de oficializar la nueva norma que condiciona al empadronamiento la tarjeta de transportes (viernes) a anunciar que buscaría una fórmula alternativa para los estudiantes de otras regiones (lunes). Que esa rectificación llegara, además, por boca de la propia presidenta, refleja la magnitud del error no forzado. “Del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”, dijo Díaz Ayuso mientras presentaba un desayuno informativo protagonizado por el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache. La norma que permite a Madrid adoptar la decisión de condicionar la tarjeta de transportes al empadronamiento está en vigor desde 2011. El Ejecutivo asegura que ha esperado 15 años en aplicarla “por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, su activación llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP.200.000 personasEn ese contexto, para la oposición es algo más que un error: una oportunidad. Por ello, Izquierda Unida llevará la nueva normativa a los tribunales, mientras que Más Madrid, el PSOE y el Gobierno de España estudian qué opciones legales tienen a su alcance. La opinión de los partidos queda bien resumida en un comunicado emitido por Renfe: la medida de Madrid es “discriminatoria”, y afectaría, según cálculos de Madrid, a 200.000 personas, mientras el gobierno regional no firme los convenios anunciados con sus homólogos de otras comunidades. Cuando ese proceso se cierre, los más afectados serán los migrantes. Su problema no es solo que el sistema de citas para el padrón haya estado colapsado durante meses, creando el caldo de cultivo para un negocio paralelo en el que se paga por un servicio gratuito. Ahora que está abierta la vía telemática, les afecta una cuestión doble: que muchos desconocen esta opción, pues el Ayuntamiento apenas la ha publicitado, y que aquellos que viven subarrendados en habitaciones se pueden encontrar con la circunstancia de que el contrato de alquiler del piso prohíbe expresamente que se empadronen en él más personas que los arrendadores originales. Así lo detalla el Consistorio capitalino en sus explicaciones del sistema. Y así se ha levantado en Madrid una barrera de entrada al sistema público de transportes que coincide con la proximidad de las elecciones autonómicas de 2027; con que Vox esté impulsando el concepto de “prioridad nacional” en sus pactos regionales con el PP; y con que el certificado de ser titular de la tarjeta de transportes fuera uno de los documentos más demandados por los migrantes para demostrar su arraigo de cara a la regularización promovida por el gobierno de España.