Imagina tener 94 años, vivir desde hace una década en la misma residencia, reconocer cada pasillo, compartir el día a día con las mismas cuidadoras y haber convertido ese centro en tu hogar. Y que, de un día para otro, te comuniquen que debes marcharte. O eso, o que tu familia empiece a pagar miles de euros para que puedas quedarte. Esa es la situación a la que se han enfrentado una veintena de residentes del centro DomusVI Albufera, tras la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del nuevo acuerdo marco en la Comunidad de Madrid del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes 2026.PublicidadEl acuerdo marco determina en qué residencias privadas financia plazas el Gobierno regional. Si un centro sale del acuerdo, o reduce el número de plazas concertadas, ello obliga a trasladar a otro geriátrico a las personas que tienen derecho a recibir asistencia residencial financiada por la Comunidad. En toda la región hay cientos de afectados.La madre de Carmen —nombre ficticio para preservar su anonimato por temor a represalias— es una de las afectadas. Tiene 94 años, padece alzhéimer y presenta un grado III de dependencia. Hace poco más de un mes, la dirección del centro comunicó a la familia que debía abandonar la plaza pública que ocupaba desde hace cuatro años. ¿El motivo? La reducción del número de plazas públicas concertadas. Si en el acuerdo marco de 2021 el centro disponía de 35 plazas financiadas por la Administración, el nuevo convenio las reduce a 20, lo que supone la pérdida de 15 plazas públicas en apenas cuatro años. "El único criterio que nos dieron para echarnos fue la antigüedad de la plaza pública", explica Carmen al otro lado del teléfono. "No se ha tenido en cuenta ni la situación médica ni el impacto psicológico de un traslado así de personas tan mayores, cuando se debería hacer progresivamente".Las consecuencias han sido devastadoras. "Le ha trastornado completamente la vida. Le han roto todas sus rutinas", lamenta. En estos años, había intentado convertir la habitación de su madre en un espacio reconocible y acogedor: colocó cuadros de su antigua casa, compró una colcha blanca para la cama y participaba activamente en la vida del centro. "Los fines de semana organizábamos bingos, teníamos un coro, celebrábamos los cumpleaños de los residentes y, por el Día de la Madre, compramos 60 ramos de flores", recuerda.Carmen, familiar de una residente: "La Comunidad de Madrid ha consentido esta situación y ha tratado a los mayores como si fueran muebles"El 1 de julio tuvieron que abandonar el centro. "Cuando nos fuimos, todos lloraban. Mi madre también", cuenta. La mujer intuía que algo estaba pasando, aunque Carmen optó por una explicación piadosa: "Le dije que iban a pintar la habitación y que teníamos que recoger las cosas y llevárnoslas". La familia recibió entonces dos alternativas: asumir el coste de una plaza privada en la misma residencia, con un "precio especial" de 2.800 euros mensuales por la habitación, o solicitar la Prestación Económica Vinculada al Servicio, conocida como "cheque residencia", una ayuda pública de alrededor de 700 euros al mes. "¿De dónde saco el resto?", se pregunta Carmen. "Mi madre cobra una pensión de unos 600 euros. ¿Cómo se supone que podemos llegar hasta los 2.800? Es imposible".PublicidadDesde el 1 de julio, la madre de Carmen reside en el centro Los Nogales Santa Eugenia. "¿Nadie piensa en los mayores?", se pregunta Carmen indignada. "La Comunidad de Madrid ha consentido esta situación y no ha protegido el bienestar de nuestros mayores. Los han tratado como si fueran muebles", insiste. "Una mudanza ya es traumática para cualquiera. Imagínate para una persona de 94 años, con vínculos sociales construidos durante años. De repente, ya no te ducha la misma persona, no te sirve la comida quién conocías, la habitación es otra, los olores son distintos y las caras también". Marta —nombre ficticio para preservar su anonimato—, otra familiar afectada por la reducción de plazas públicas en DomusVI Albufera, comparte la sensación de abandono institucional. "Eso de que los mayores son lo primero es mentira. Lo que manda es el dinero", afirma tajante a este diario. Su madre, de 97 años, disfrutaba desde hace tres años de una plaza pública en el centro. "Ella decía que esa residencia era ya su casa. Conocía a todo el mundo, se llevaba bien con las auxiliares y con el resto de residentes. Había construido allí su vida". Qué cambia con el nuevo acuerdo marco El acuerdo marco es el principal instrumento de contratación que utiliza la Comunidad de Madrid para concertar plazas en residencias privadas destinadas a personas mayores en situación de dependencia. Particularmente, la Administración establece las condiciones económicas y asistenciales bajo las que adquiere plazas residenciales financiadas con fondos públicos en centros de gestión privada. PublicidadEste acuerdo determina qué residencias pueden integrarse en el sistema público de atención residencial, el número de plazas que podrán concertarse, el importe que abonará el organismo por cada una de ellas, los requisitos de personal, atención sanitaria y servicios que deben cumplir los centros y el procedimiento mediante el que esas plazas se asignan posteriormente a las personas dependientes.En apenas cuatro años, seis residencias privadas han abandonado el sistema de plazas concertadas y se han perdido 916 plazas públicas concertadasEl nuevo acuerdo marco, que entró en vigor el 1 de julio y tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de tres, ha supuesto múltiples cambios. Según los datos consultados por Público, seis residencias privadas han abandonado el sistema de plazas concertadas y otras 39 han reducido el número de plazas ofertadas, lo que se traduce en la desaparición de 916 plazas públicas concertadas en apenas cuatro años. Por contra, hay otras residencias que se incorporan al acuerdo.Fernando Flores, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y patrono de la Fundación HelpAge España, considera que el nuevo acuerdo marco "no corrige las deficiencias estructurales del sistema de cuidados de larga duración", sino que profundiza en un modelo que, a su juicio, prioriza la rentabilidad económica sobre los derechos de los mayores. "Este acuerdo mantiene e incluso refuerza una lógica mercantil de los cuidados", afirma en conversación con Público. "Las personas mayores dejan de ser consideradas sujetos de derecho para convertirse en piezas de un negocio altamente rentable, sostenido por una Administración autonómica que, en la práctica, actúa al servicio de las empresas privadas antes que de las personas vulnerables y sus familias".Fernando Flores, experto: "La aplicación de este acuerdo marco puede vulnerar derechos fundamentales de numerosas personas mayores"Desde una perspectiva jurídica, el experto advierte de que la Administración tiene la obligación de garantizar que sus actuaciones no vulneren, ni de forma directa ni indirecta, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre ellos, cita el derecho a la intimidad y a la vida privada (artículo 18.1), el derecho a la integridad física y moral (artículo 15) y la libertad de residencia y circulación (artículo 19). "La aplicación de este acuerdo puede vulnerar derechos fundamentales de numerosas personas mayores", indica.Flores defiende la necesidad de una transformación del actual sistema de cuidados. "Lo que hace falta es un cambio cultural y social capaz de generar presión sobre los partidos políticos y las administraciones para impulsar un modelo radicalmente distinto", explica. Ese nuevo paradigma, prosigue, debería situar a la persona y a sus derechos en el centro del sistema, reforzar la financiación pública, mejorar la formación y el reconocimiento social de quienes cuidan y apostar por residencias de menor tamaño, integradas en la comunidad y alejadas de modelos segregadores. "El objetivo debe ser garantizar una vida digna a las personas mayores. Y, precisamente, el acuerdo marco avanza en la dirección contraria", zanja.El "desahucio institucional" que denuncian las familiasPor su parte, la plataforma Marea de Residencias, integrada por familiares, residentes y trabajadores del sector, denuncia que el acuerdo marco supone un auténtico "desahucio institucional". Aseguran que cada renovación pone en riesgo la estabilidad física y emocional de cientos de personas mayores en situación de dependencia. "Quienes consiguen superar el laberinto burocrático y las largas listas de espera para acceder a una plaza concertada se encuentran ahora con una nueva trampa", sostienen. Según denuncian, empresas gestoras de residencias privadas han optado por abandonar el nuevo acuerdo al considerar que las condiciones económicas "ya no resultan suficientemente rentables". A su parecer, tras el discurso oficial del Ejecutivo madrileño sobre el aumento de la financiación por plaza se esconde "la realidad de un modelo profundamente mercantilizado". "La Consejería de Asuntos Sociales ha diseñado un sistema que permite que multinacionales y fondos de inversión decidan unilateralmente dejar de prestar un servicio público cuando consideran que deja de ser rentable", reprochan. Esta dinámica, dejan caer, provoca la eliminación inmediata de plazas públicas concertadas en aquellos centros que rechazan adherirse a las nuevas condiciones económicas y asistenciales fijadas por la Comunidad.PublicidadMarea de Residencias también carga contra el "cheque residencia", que considera una herramienta de "coacción y privatización encubierta". A su entender, esta fórmula traslada a las familias una parte creciente del coste de la atención residencial y las empuja a asumir gastos que, en muchos casos, "resultan inasumibles". La plataforma cuestiona, además, algunos de los criterios de adjudicación del nuevo acuerdo marco. En este sentido, denuncia que el nuevo pliego "premia con financiación pública y nuevas plazas concertadas" a centros que están bajo investigación por presuntas vulneraciones de derechos de personas residentes, citando el caso de la residencia Bouco Carabanchel.Asuntos Sociales afirma que 15 residencias se han incorporado al nuevo acuerdo y otros centros han incrementado el número de plazasFuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid argumentan, en declaraciones a Público, que el nuevo acuerdo marco incorpora una mejora de la financiación pública, con un "incremento del 20% en la aportación por plaza concertada", además de nuevas prestaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes. Entre ellas, destacan la puesta en marcha de programas específicos para combatir la soledad no deseada y la posibilidad de que las personas usuarias puedan registrar sus preferencias alimentarias, culturales y de ocio. El departamento autonómico sostiene, asimismo, que el nuevo contrato permitirá incorporar hasta 1.800 nuevas plazas a la red pública de atención residencial durante el periodo de vigencia del acuerdo."15 residencias que hasta ahora no mantenían conciertos se han incorporado al nuevo acuerdo y otros centros han incrementado el número de plazas ofertadas", explican desde la Consejería. Asimismo, reconocen que tres residencias han quedado fuera del nuevo sistema —una por no presentarse al procedimiento y dos por resultar excluidas— y que otras seis han decidido reducir el número de plazas concertadas ofertadas, si bien precisan que en tres de estos casos la decisión no ha afectado a ningún residente.PublicidadLa Consejería rechaza, además, que exista una pérdida de cobertura asistencial para las personas afectadas. "Ningún usuario se queda sin plaza", insisten. Según detallan, el Ejecutivo madrileño ha reubicado a un total de 95 personas mayores afectadas por la salida o reducción de plazas en seis residencias. Añaden que tanto los usuarios como sus familias pueden optar por cualquier plaza disponible en la red pública, acceder a una prestación económica transitoria y conservar la prioridad en futuras solicitudes de traslado.