Ángeles se siente “estafada”. De un curso para otro puede acabar pagando 4.375 euros más por la educación de sus dos hijos en un colegio concertado sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, y construido sobre una parcela del Ayuntamiento de Villalbilla. La razón es que la dirección, coincidiendo con la llegada de un grupo inversor a la propiedad del centro, ha decidido pasar de la jornada intensiva (hasta las 14.30 o 15.00) a la partida (hasta las 17.00, con dos horas en medio sin clase). Ese cambio aboca a muchas familias a tener que pagar el servicio voluntario de comedor (que sube de 170 a 218,75 euros), o, en ocasiones, el de ruta (entre 54,60 y 175 al mes). Con ello, sostienen familias afectadas, se revienta la filosofía con la que muchos padres llevaron a sus hijos al colegio El Mirador de Villalbilla (Madrid): conciliar de verdad, adaptando sus horarios laborales para comer con los niños y convivir con sus alegrías y sus penas, o con esas extraescolares que encienden pasiones; y no de mentira, dejando más horas a los niños en el colegio para poder seguir trabajando. “Estoy indignada”, resume Ángeles. “Quieren enriquecerse a base de servicios que se sacan de la manga”. Corporación Financiera Azuaga sabía muy bien qué compraba cuando, entre finales de 2025 y principios de 2026, se hizo con el control de Educrea: dos colegios concertados (El Mirador y El Viso) en Villalbilla, que con 18.000 habitantes es el segundo municipio que más crece porcentualmente en población en la Comunidad de Madrid, y el tercero de España, según el Ayuntamiento. Esa operación no es un caso aislado, lo que refleja que la educación concertada es un negocio con márgenes de beneficio apetecibles. Por ejemplo, Swiss Life compró en septiembre y por 200 millones la mayoría de capital de una empresa que controla ocho concertados en la región. Sin embargo, la inversión de Villalbilla tiene un gran peso simbólico. De un lado, porque el centro de El Viso fue reactivado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2022, tras una década en barbecho, y como pistoletazo de salida a la apuesta de volver a dedicar parcelas públicas a concertados. Del otro, porque las familias del otro centro de Educrea en el municipio (El Mirador) han recibido divididas la decisión de que la jornada de sus hijos sea partida; o que se les proponga pagar 180 euros por un “Proyecto Excelente” voluntario que surge gracias a las horas muertas que aparecen con el nuevo modelo, y que abarata el comedor hasta los 175 euros.El 97% de las familias están en contra de esos cambios, según el Ampa, que calcula que para cada alumno habría que abonar al colegio “entre 300 y 500 euros como mínimo al mes, exclusivamente para comedor y otros servicios obligatorios y/o necesarios”.“Nuestro principal problema es la mercantilización de la educación”, denuncia Javier, un integrante del Ampa, muy beligerante con el cambio de jornada. “La Comunidad pone el dinero, el Ayuntamiento pone el suelo, y la empresa se lleva el esfuerzo de 800 familias”.“Económicamente hay un hostigamiento, hostilidad, una falta de consideración absoluta”, coincide una madre del colegio que pide el anonimato porque no quiere ser identificada. “La presión que se ejerce sobre la economía familiar, sin posibilidad de cambio, porque no hay plazas en otros centros, ni es justo que haya que llevarse a los niños, es tremenda”, añade. “Todo es de pago, te salen 500-600 euros al mes sin querer, un negocio en un colegio concertado sostenido con fondos públicos”, sigue. Y se lamenta: “El cambio de horarios afecta a los padres, pero también a los niños, a su estructura diaria, y a sus rutinas, como por ejemplo sus extraescolares”. En paralelo, los padres asumen, si así lo quieren, 6,20 euros al mes porque a sus hijos les atienda la enfermera si les pasa algo; 9,20 por el gabinete psicopedagógico; o 414 al año en concepto de “mochila digital”. La documentación del colegio, vista por este diario, describe esos servicios como “voluntarios” y “no lucrativos”.Un portavoz de Azuaga, el grupo al frente de Educrea, detalla que la empresa de colegios concertados ha pasado a formar parte de su cartera porque creen “en la educación como un sector estratégico y de alto impacto social a largo plazo”. “Desde el Grupo actuamos como catalizadores de proyectos, aportando apoyo corporativo y visión de largo plazo, respetando la identidad del centro, su autonomía de gestión y su proyecto pedagógico”, sigue este interlocutor, que se remite a la dirección del centro para explicar los cambios, pues es esta, asegura, quien toma “las decisiones educativas, pedagógicas y organizativas del día a día”.Así explica los cambios César Abad, el director del colegio: “Forman parte de la evolución normal de cualquier proyecto educativo”. Este profesional asegura que el cambio a jornada partida “se venía analizando desde hace tiempo” para El Mirador; que ha tenido opiniones a favor y en contra al respecto; y que ya se aplicaba en El Viso, donde “está funcionando fenomenal”. También añade que el incremento del precio del comedor es “ligero”; que responde en parte a un mayor número de horas de supervisión que antes, y que su uso es voluntario, como todos los servicios adicionales. Y explica: “En cuanto a las tarifas de servicios como el comedor, su actualización responde principalmente al incremento sostenido de los costes de alimentación y suministros, con el objetivo de seguir manteniendo la calidad del servicio prestado”.De Cifuentes a AyusoEste proceso rocambolesco empezó en 2005. El Ejecutivo regional y el Ayuntamiento suscribieron entonces un convenio para la construcción y gestión de dos centros privados concertados en suelo público; abrieron después un concurso; y la sociedad Educando en la Creatividad S.L. lo ganó. En 2007, Educrea construyó uno de los dos centros (El Mirador) y el otro (El Viso) se mantuvo latente y sin hacer hasta 2022, cuando fue reactivado por el gobierno de Díaz Ayuso con la excusa de que así lo demandaban las familias. No pasaba algo así desde el curso 2013-14. Ese es un dato que no es casual: el gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018) abogó por no ceder más parcelas públicas durante décadas para que un privado asumiera el riesgo de construir un concertado y también los beneficios consecuentes. Con Ayuso, eso cambió. Los concertados han empezado a brotar de nuevo por Madrid. El primer paso para ello fue reactivar el concertado de El Viso de Villalbilla. Y en apenas cinco años, la empresa matriz ha cambiado de dueño. De la empresa familiar Educrea a un grupo especializado en servicios financieros y de inversión, y actúa también como sociedad de inversión. “Educrea inicia ahora una nueva etapa, integrándose en el área educativa de la Corporación Financiera Arzuaga”, se leía en el comunicado enviado a las familias el 28 de noviembre de 2025. “La nueva titularidad no llega de cero. Desde 2020 ha colaborado estrechamente con Educrea (...) y asume con ilusión y responsabilidad la tarea de impulsar y desarrollar la mejor versión del colegio”, seguía. “Sabemos que un cambio de titularidad puede generar incertidumbres, pero queremos transmitiros toda nuestra confianza: el personal docente y no docente seguirá siendo el corazón del proyecto (...)”.Los padres vinculan la entrada de Azuaga a que la construcción del segundo colegio, activada por la Comunidad de Madrid, resultó “más cara de los esperado” para la empresa original. Lo que es seguro es que desde entonces las cosas están cambiando en el otro concertado de Educrea en Villalbilla, El Mirador, que es el que ya estaba en marcha. Son argumentos que no convencen a todas las familias. “Desde el AMPA y la comunidad de familias del colegio Educrea El Mirador, en Villalbilla, colegio e instituto concertado sostenido con fondos públicos, queremos denunciar la decisión unilateral de la dirección del colegio, adquirido recientemente por un fondo de inversión, sobre la modificación de la jornada escolar y el pago por servicios extraordinarios que pretenden imponer para el próximo curso”, se lee en un comunicado. “Las familias quedan obligadas a dejar a los niños en comedor y haciendo uso del resto de servicios añadidos, para salvar la jornada partida”, siguen. “Una familia con dos hijos abonaría entre 600 y 1.000 euros por los servicios mínimos, sin contar uniformes ni rutas o traslados”. Y recalcan: “En un colegio sostenido con fondos públicos”.