Marea Residencias ha alertado de que el nuevo acuerdo marco provocará "traslados forzosos y pérdida de plazas" para los usuarios, que quedarán "desprotegidos", por lo que ha exigido a la Comunidad de Madrid la paralización de este pliego y más centros públicos.PublicidadLo ha trasladado este jueves su portavoz, Carmen López, a los medios de comunicación antes de entregar una queja formal en el Defensor del Pueblo para denunciar la "situación de extrema vulnerabilidad en la que van a quedar cientos de personas mayores y dependientes" a partir del próximo 1 de julio, con su entrada en vigor."Queremos denunciar este maltrato institucional que se produce sistemáticamente cada cuatro años con la renegociación del acuerdo marco. Hay nuevas condiciones y muchas empresas privadas deciden suprimir plazas porque es más rentable vender plazas por privado que a la Comunidad de Madrid", ha apuntado.En concreto, la asociación ha advertido de que el nuevo pliego "está forzando a cientos de residentes vulnerables a abandonar las plazas públicas o concertadas que ocupan actualmente". Aquellos que no aceptan el traslado, "se les ofrece como única alternativa un cheque residencia, que es insuficiente para cubrir el coste real".Considera que esta medida de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales "ignora" el arraigo de los mayores, "rompe de forma traumática" su entorno social y asistencial y "vulnera sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y moral".PublicidadPor ello, Marea Residencias ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que intervenga de "manera urgente" para que paralice estos "traslados forzosos", garantice la continuidad asistencial de los residentes en sus centros actuales y "proteja a este colectivo frente al desamparo institucional que van a sufrir"."Desahucios institucionales"Para López, estos traslados son unos "desahucios institucionales" a personas vulnerables que "ya han pasado el trauma" de tener que solicitar la plaza porque "no podían vivir en su casa por la situación de dependencia". "Cuando una persona llega a una residencia tiene que pasar por muchos escollos y muchos obstáculos que tiene que superar y adaptarse", ha añadido.En este sentido, Marea Residencias ha señalado que este modelo de licitaciones "puramente comerciales" pone en "riesgo directo de traslado inmediato a más de 600 grandes dependientes en cada renegociación contractual".PublicidadAnte esta situación, va a registrar otro escrito en la Fiscalía de Mayores para alertar de que "cientos de personas vulnerables podrían ser desahuciadas de sus residencias por la no adhesión de múltiples empresas gestoras de residencias privadas al nuevo pliego".Su objetivo es que valore la existencia de una "situación de riesgo o desprotección" y que se adopten medidas para "salvaguardar" los derechos personales de las personas mayores que viven en residencias privadas con plazas concertadas en la Comunidad de Madrid.Asimismo, la asociación entregará un escrito en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para mostrar su rechazo al nuevo acuerdo que "somete a las personas mayores grandes dependientes a un limbo administrativo inadmisible". También denunciará el "colapso sistemático" en la valoración y revisión de los grados de discapacidad, así como la "parálisis" que sufren los centros base de la región.Por otro lado, la portavoz de Marea Residencias ha reclamado al Gobierno regional un parque de residencias públicas y que el plan de construir 40 residencias y 40 centros de día sea gestionado directamente por la Comunidad de Madrid o por los ayuntamientos.El acuerdo entrará en vigor el 1 de julioEl nuevo acuerdo marco de residencias de la Comunidad de Madrid entrará en vigor el próximo 1 de julio, con una vigencia de dos años, y permitirá incorporar hasta 1.800 plazas más a la red pública de atención a personas mayores.Contará con una inversión superior a los 940 millones de euros e incluirá 120 centros residenciales de gestión privada distribuidos por toda la región. En total, este contrato incluye 12.296 plazas, de las que 10.418 ya están integradas en la red pública financiada por la Comunidad de Madrid.Según trasladó el Ejecutivo autonómico, entre las principales novedades figura el incremento del 20% en la financiación por plaza por parte del Gobierno regional, la incorporación de programas específicos de prevención, detección y atención ante situaciones de soledad, abuso o maltrato -de obligado desarrollo por parte de los centros-, así como mejoras en la alimentación.PublicidadAdemás, se implantará un registro de preferencias de los usuarios, que recogerá sus gustos alimenticios, culturales y de ocio, y se contempla la posibilidad de prestar servicios de telemedicina. Los nuevos centros que se sumarán al acuerdo marco están ubicados en la capital, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, Navalcarnero, Las Rozas de Madrid, Cadalso de los Vidrios, San Martín de la Vega, El Álamo, San Lorenzo de El Escorial, Lozoyuela y San Fernando de Henares.La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales cuenta actualmente con una red pública compuesta por más de 63.000 plazas, de las que más de 36.800 están dedicadas a personas mayores. Con el nuevo contrato se podrán superar las 38.000 para este colectivo.