La plataforma Pladefma para la Defensa de los Mayores y la familia de una mujer de 84 años con alzhéimer, residente en Bouco Carabanchel —la antigua Orpea, actualmente gestionada por el grupo Emeis—, han denunciado este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Madrid al director del centro, José Manuel Mestre, por la orden de expulsión dictada contra la residente el pasado 6 de abril.PublicidadDe acuerdo con la denuncia —actualmente pendiente de ser admitida a trámite—, a la que ha tenido acceso Público, los hechos podrían constituir un presunto delito de coacciones. La familia sostiene que la decisión de expulsar a la mujer "fue una represalia tras denunciar públicamente las deficiencias detectadas en la residencia". El hijo de la residente asegura que, en apenas un año y medio, su madre sufrió cinco episodios graves dentro del centro: dos traumatismos craneoencefálicos, dos fracturas consecutivas en el mismo brazo, una brecha en una ceja y múltiples hematomas. Junto a la denuncia se han aportado informes hospitalarios y material fotográfico que documentarían estas lesiones.Ante el deterioro de la situación, el familiar repartió el 24 de marzo una nota informativa dirigida a otros allegados de residentes, tras haber comunicado previamente a la dirección del centro su intención de hacerlo, tal y como contó en su momento este diario. Sin embargo, según recoge el escrito, apenas un día después recibió un burofax en el que se notificaba la expulsión definitiva de su madre y se le concedía un plazo de 15 días para abandonar la residencia.La familia recuerda que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de Madrid solo contempla la expulsión en casos de infracciones muy gravesLa familia interpreta aquella decisión como una medida de castigo por haber ejercido su derecho a denunciar públicamente lo que consideraban "una situación inadmisible". Aunque la expulsión quedó finalmente sin efecto tras la repercusión mediática del caso y la intervención de la Comunidad de Madrid, los denunciantes sostienen que el daño ya estaba hecho y que "el verdadero objetivo era lanzar un mensaje disuasorio al resto de familias para evitar futuras críticas o reclamaciones". La denuncia incide, además, en que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid solo contempla la expulsión de una persona usuaria en supuestos muy concretos vinculados a infracciones muy graves, circunstancias que, según mantienen los denunciantes, no concurrían en este caso.Por ello, solicitan a la Fiscalía que investigue si los hechos pueden constituir un delito de coacciones y que se depuren las eventuales responsabilidades del director del centro. Asimismo, piden que, en el ámbito administrativo, se estudie la apertura de un expediente sancionador y la adopción de medidas cautelares para evitar nuevas represalias contra residentes o familiares. También advierten que su siguiente paso será exigir a la Comunidad de Madrid la aplicación de la propia normativa autonómica. A su parecer, si se confirma una actuación contraria a la Ley de Servicios Sociales, "la administración debería valorar la inhabilitación del director para el desempeño de sus funciones". PublicidadPúblico se ha puesto en contacto con la dirección de Bouco Carabanchel para conocer cómo justifica la decisión de comunicar la expulsión de esta residente y qué criterios concretos se siguieron para adoptar esa medida. También ha preguntado si el centro ha revisado sus protocolos de seguridad, de relación con las familias y de gestión de reclamaciones para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Asimismo, ha solicitado una valoración de las acusaciones de represalias formuladas por la familia. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.