La evidencia más contundente sobre el incumplimiento de nuestro contrato social está en una intersección inquietante: en Colombia, el origen familiar, el territorio donde se nace y la pertenencia étnica continúan siendo predictores robustos de las oportunidades que una persona tendrá a lo largo de su vida. Tres décadas después de que la Constitución de 1991 ordenara al Estado hacer “real y efectiva” la igualdad, las circunstancias de nacimiento siguen pesando demasiado sobre el destino de millones de ciudadanos. Este es quizás el hallazgo más revelador del capítulo Equidad en la diversidad que ha sido publicado en el libro Colombia 2050: 65 voces para construir hoy el país del futuro, editado por Fernando Carrillo y Andrée Viana bajo el sello editorial de Penguin Random House. La expansión educativa, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico han producido avances importantes, pero no han logrado suprimir los mecanismos que reproducen ventajas para unos y desventajas para otros. Esta conclusión de nuestro capítulo es incómoda porque desafía una de las narrativas más arraigadas de nuestra época: la idea de que el esfuerzo individual basta para garantizar la movilidad social. Si el lugar donde una persona nace continúa explicando buena parte de sus posibilidades futuras, entonces el problema yace en estructuras históricas y en las instituciones que distribuyen oportunidades de manera desigual desde el comienzo y no exclusivamente en las decisiones individuales. Los datos que presentamos son contundentes. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con paz, justicia e instituciones sólidas, la población afrodescendiente alcanza un desempeño promedio de 54,83 puntos, mientras que la población que no se reconoce como perteneciente a ningún grupo étnico registra 71,18. Una brecha superior a 16 puntos revela que incluso el acceso efectivo a instituciones, derechos y mecanismos de justicia continúa marcado por profundas desigualdades. No estamos frente a una falla coyuntural. Estamos frente al resultado acumulado de una historia republicana que amplió derechos formales sin redistribuir de manera suficiente el acceso al poder, la inversión pública y las oportunidades territoriales. Como demostramos en el capítulo, nuestra nación aprendió a reconocer la diversidad en el discurso constitucional, pero no ha logrado convertir ese reconocimiento en condiciones efectivas de bienestar para amplios sectores de la población. Por eso la discusión sobre equidad, en esta coyuntura electoral y en las décadas futuras debe considerar que la equidad es una condición necesaria para que la igualdad deje de ser una declaración jurídica y se convierta en una experiencia cotidiana. Allí donde existen desigualdades históricas, la neutralidad institucional no corrige las diferencias; las perpetúa. La pregunta que debería orientar nuestra visión de país en este 2026 y hacia 2050 puede ser: ¿queremos una sociedad donde el código postal de nacimiento siga determinando las posibilidades de progreso de una persona? Si la respuesta es no, entonces la equidad debe dejar de ocupar un lugar marginal en la política pública y convertirse en un principio rector de las decisiones fiscales, educativas y territoriales. Así como valoramos el crecimiento de la economía como una medida del éxito del país, debemos considerar la reducción de la influencia de las circunstancias de nacimiento sobre el destino de sus ciudadanos. Cuando el origen deje de predecir el futuro, podremos afirmar que la promesa de igualdad de la Constitución empezó finalmente a cumplirse.