Noticia Exclusivo suscriptores La iniciativa del concejal Andrés Barrios propone, entre otras, desarticular las redes de captación de mujeres y activar mecanismos de protección.Pruebas de ADN revelaron un caso único de mellizos con padres distintos en Colombia. Foto: iStock14.07.2026 21:05 Actualizado: 14.07.2026 21:05
El Concejo de Bogotá entró a la discusión de la gestación subrogada, un fenómeno que se mueve al margen de la norma, sin controles y en medio de una acelerada expansión en la capital. LEA TAMBIÉN La propuesta, impulsada por el concejal Andrés Barrios, busca que el Distrito adopte el protocolo 'Bogotá No Se Alquila', una estrategia integral para combatir el turismo reproductivo y la explotación de vientres, frenando el ritmo que ha convertido a la ciudad en uno de los epicentros de esta industria en Colombia."La discusión no puede reducirse a un asunto de reproducción asistida, es más grave, se está permitiendo que la vida humana tenga precio. Detrás del alquiler de vientres existe una cadena económica integrada por clínicas de fertilidad, agencias, intermediarios, reclutadoras, abogados y procedimientos judiciales que comercializan con nacionales y extranjeros, aprovechándose de la necesidad económica de estas mujeres y un marco jurídico insuficiente para impedir la mercantilización de los niños y la explotación reproductiva de las mujeres", afirmó el cabildante.El proyecto busca adoptar un protocolo para frenar estos casos. Foto:iStockEn efecto, Barrios denunció que el supuesto carácter altruista de la gestación subrogada terminó convertido hoy por hoy en un negocio multimillonario. Por ejemplo, un extranjero estaría pagando alrededor de 60.000 euros (250 millones de pesos), por un proceso de gestación subrogada en Colombia, mientras la mujer gestante recibe apenas entre el 10 y el 27 por ciento del valor total.Detrás de esto habría pagos mensuales, compensaciones condicionadas a la entrega del bebé y bonificaciones conocidas como “bono de éxito” o “bono de buen comportamiento”, mecanismos que, para el concejal, demuestran que no se trata de altruismo sino de una estructura comercial alrededor del cuerpo de las mujeres.Extranjeros estarían pagando hasta 250 millones de pesos. Foto:IstockEn esa misma vía, la gestación subrogada estaría operando bajo subregistro y falta de información institucional que dimensione el fenómeno.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tendría en sus sistemas de información la categoría de maternidad subrogada, por lo que el Estado no tendría cifras concretas de niños involucrados en estos procesos.Lo cierto es que, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, presentadas por el concejal en el proyecto, durante 2024 se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, a la par que entidades como la Registraduría o Migración Colombia intervienen "de manera fragmentada, sin una respuesta integral que garantice el interés superior del menor ni la protección de las mujeres gestantes".Andrés Barrios, concejal de Bogotá Foto:Archivo particularTodo este panorama de ausencias y falta de control ha fortalecido redes de captación que buscan mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante mediante Facebook y WhatsApp, presentando la gestación subrogada como una oportunidad laboral. Allí habría dinámicas de explotación reproductiva e incluso riesgos asociados a la trata de personas, por lo que el concejal insistió en que el Distrito se ponga al frente de un protocolo, más aún cuando Bogotá concentra gran parte de las clínicas, agencias e intermediarios de esta industria.Es importante anotar que la Corte Constitucional le ha insistido al Congreso de la República y al Gobierno Nacional que regule integralmente las técnicas de reproducción humana asistida y que evite la comercialización de esta práctica. El proyecto deberá pasar por el Concejo de Bogotá Foto:Concejo de BogotáLo mismo ha hecho la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que ha advertido que la gestación subrogada constituye una práctica marcada por la explotación de mujeres y niños y recomendó avanzar hacia su erradicación, responsabilizando a intermediarios y compradores."Bogotá no puede expedir por sí sola una ley nacional para prohibir la gestación subrogada, pero sí puede ejercer plenamente sus competencias para proteger la dignidad humana, la salud de las mujeres y los derechos prevalentes de los niños. Con el protocolo 'Bogotá No Se Alquila' buscamos cerrar espacios de impunidad, prevenir la explotación reproductiva y demostrar que en esta ciudad la vida humana no puede convertirse en un negocio. La necesidad económica no puede seguir siendo utilizada como la materia prima de un mercado que trata a los niños como el resultado de un contrato”, explicó el concejal Andrés Barrios. LEA TAMBIÉN Así las cosas, el protocolo que busca ser aprobado en el Concejo propone una mayor articulación institucional entre las Secretarías de Salud, Mujer, Seguridad, Convivencia y Justicia e Integración Social y las demás autoridades competentes.La propuesta contempla cuatro ejes: fortalecer la inspección y vigilancia sanitaria sobre clínicas y procedimientos; prevenir y desarticular las redes de captación de mujeres; activar mecanismos de protección social para mujeres en condición de vulnerabilidad y población migrante; y crear un sistema distrital de información, alertas tempranas y seguimiento que permita identificar riesgos, establecimientos involucrados y posibles afectaciones a mujeres y niños.NICOLÁS DÍAZ MALPICARedacción Bogotá Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
