Mientras la UCR de Córdoba ingresa en una nueva etapa de tensión por la conducción partidaria, las miradas también se posan sobre el funcionamiento del Tribunal de Conducta, otro de los ámbitos donde se refleja la disputa interna entre el oficialismo alineado con Rodrigo de Loredo y los sectores opositores.
La discusión transcurre en paralelo a la convocatoria del Congreso partidario para el próximo 11 de julio, donde el núcleo de poder referenciado en De Loredo buscará aprobar la prórroga de los mandatos de la conducción encabezada por Marcos Ferrer. Frente a esa estrategia, los sectores críticos ya anticiparon que, si la iniciativa avanza, recurrirán a la Justicia para insistir con las elecciones internas.
El plenario del Congreso se realizará de manera virtual, una modalidad que tampoco pasó inadvertida dentro del radicalismo. El argumento formal es facilitar la participación de congresales de distintos puntos del territorio provincial, aunque desde sectores opositores deslizan otra lectura: "Ya ni siquiera se ven cara a cara", ironizó un dirigente radical, como síntesis del nivel de tensión interna.
En ese escenario, el Tribunal de Conducta aparece como otro capítulo de la pulseada partidaria. Sectores no alineados con De Loredo advierten sobre una demora en la resolución de distintos expedientes y cuestionan la falta de voluntad política para emitir sanciones contra dirigentes que se alejaron de los principios partidarios y se sumaron a La Libertad Avanza (LLA). Por otro carril transitan los casos de radicales que se incorporaron al armado del cordobesismo de Martín Llaryora.
