No es ningún secreto. El acceso a la vivienda es uno de los principales dolores de cabeza de la ciudadanía de Barcelona. Cada vez más barceloneses y barcelonesas reconocen tener dificultades para acceder a un hogar digno a un precio asequible, una realidad que afecta de lleno su calidad de vida y en la que el Ayuntamiento de Barcelona ya hace tiempo que trabaja. Lo hace a través del Pla Viure -Plan Vivir-, la estrategia municipal para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. El Pla Viure se despliega siguiendo cuatro ejes fundamentales: universalizar el derecho a la vivienda; rehabilitar y mejorar las viviendas; atender la vulnerabilidad y crear un sistema público de vivienda.Las 10.000 viviendas de uso turístico que hay actualmente en la ciudad volverán al mercado de alquiler o de compraEn este contexto, cabe enmarcar la recuperación de 10.000 viviendas de uso turístico (HUT) para destinarlas a uso residencial hasta el 2028, una medida que el consistorio barcelonés ya avanzó en junio de 2024, cuando anunció que no renovaría las licencias de viviendas de uso turístico, y que forma parte de un paquete de políticas de vivienda que incluye el tope de precios del alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y el aumento sostenido del parque público mediante la construcción, la rehabilitación y la compra de inmuebles. Medidas con las que garantizar el derecho a quedarse a vivir en Barcelona y aumentar el parque público hasta las 15.000 viviendas en el año 2027.Plena seguridad jurídicaEl proceso de recuperación de las viviendas de uso turístico para el uso residencial se inicia con el decreto ley 3/2023, del 7 de noviembre. Este decreto ley establece que para crear una vivienda de uso turístico será necesaria una licencia urbanística previa y que los ayuntamientos tendrán que autorizar expresamente este uso en el planeamiento urbanístico. Además, las autorizaciones tendrán una duración máxima de cinco años.El Ayuntamiento de Barcelona, en aplicación rigurosa del decreto ley, tomó la decisión de no regular las licencias y dejar que se caduquen directamente, esto será en 2028, cinco años después de la aprobación. Esta decisión favorecerá que las 10.000 viviendas de uso turístico que hay actualmente en la ciudad volverán al mercado de alquiler o de compra de la ciudad, respondiendo al mismo tiempo a dos objetivos clave: evitar la pérdida de vivienda de alquiler habitual debido al aumento de pisos turísticos y priorizar las necesidades de la población residente, frenando la presión turística sobre el mercado de alquiler y de compra.El Tribunal Constitucional ha avalado la plena constitucionalidad de la medida que conllevará la recuperación de 10.000 viviendas de uso turístico para uso residencialAnte el recurso de inconstitucionalidad 798-2024, presentado por el Partit Popular en relación con diferentes preceptos del decreto ley 3/2023, el Tribunal Constitucional avaló la plena constitucionalidad del decreto en su sentencia 64/2025 del 13 de marzo de 2025. Esta sentencia concluye que la regulación responde a una situación de urgencia vinculada a la proliferación de los VUT, sin vulnerar el derecho de propiedad, ya que limita el uso de las viviendas, pero no cuestiona su titularidad. El tribunal también avala la exigencia de licencia urbanística como instrumento legítimo para proteger el interés general y el modelo de ciudad.Así pues, la medida que culminará el año 2028 con la recuperación para el uso residencial de 10.000 viviendas de uso turístico se fundamenta en un recorrido legal muy sólido y avalado por el Tribunal Constitucional.Antes del 2028Mientras no se haga efectiva la eliminación de las viviendas de uso turístico, con la finalización de las licencias actuales en el año 2028, el Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas y ayudas para identificar y denunciar irregularidades o limitar la presencia de viviendas de uso turístico antes de que desaparezcan en el año 2028. El primero de ellos es un buscador que permite a las comunidades comprobar la presencia de viviendas de uso turístico que operan sin licencia en sus fincas.Además, el Ayuntamiento también ha abierto una línea de ayudas económicas destinada a las comunidades de propietarios que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los ya existentes para limitar el uso turístico en su finca. Esta nueva subvención cubre el 50% de los gastos derivados de la gestión (notaría, registro y honorarios profesionales), con un máximo de 1.500 euros en caso de modificación de los estatutos existentes y un máximo de 2.500 en caso de creación de nuevos estatutos. Las ayudas, las cuales se otorgarán por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible, son fruto del convenio de colaboración a tres bandas firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona.Tal y como afirma Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, en este ínterin hasta el 2028, "continuaremos inspeccionando, detectando, expedientando y sancionando a aquellos operadores que ofrecen un apartamento turístico sin licencia. La indisciplina en nuestra ciudad es muy inferior a la de otras ciudades".