Este jueves ha quedado listo para sentencia en el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid el juicio contra nueve activistas climáticos que llevaron a cabo la protesta que manchó por segunda vez con pintura roja la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023. El fiscal ha pedido un año y nueve meses de prisión para todos, incluso para cinco de ellos que no arrojaron lo que era témpera diluida en agua, ni sabían que otros la iban a lanzar, argumentando que así se evita que se vuelva a repetir. “El Congreso es un edificio emblemático y ya se había hecho”, ha argumentado en el juicio. “La fiscalía pide pena de prisión para que sirva de prevención”. Por su parte, los abogados de los encausados han considerado desproporcionado esto para una protesta pacífica que solo pretendía llamar la atención sobre la inacción climática y cuyos daños ya fueron limpiados. Y han reclamado la absolución para los que no arrojaron la pintura y que la pena se limite a una sanción administrativa para los otros tres.Los acusados son nueve jóvenes vinculados a las organizaciones climáticas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal que, según han asegurado esta mañana ante la jueza, no se conocían entre ellos y se juntaron de forma espontánea para protestar de distintas formas en la escalinata del Congreso de los Diputados, casi un año después de otra acción que en abril de 2022 manchó la fachada principal de la Cámara Baja con un líquido biodegradable de color remolacha, una primera protesta por la que siguen a la espera de juicio más de una decena de activistas, entre ellos, el filósofo y poeta Jorge Riechmann, o el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto.El proceso judicial de este jueves ha comenzado con los testimonios de nueve agentes de la Policía Nacional que participaron en la detención e identificación de los acusados en el día de los hechos. Como han recalcado, no hay duda sobre la participación de los acusados porque todo quedó grabado en las cámaras del Congreso y porque las propias organizaciones climáticas han subido ellas mismas vídeos e imágenes de la acción en Internet, e incluso la han reivindicado. A continuación, diferentes peritos han explicado que las manchas de pintura no desaparecieron con una primera limpieza en la piedra porosa del edificio y que se requirió la contratación de un conservador restaurador para una segunda intervención, llegando incluso a tener que decaparse el barniz de recubrimiento de la estatua de unos de los leones para conseguir que acabase de salir el velo rojizo. El coste total de estos trabajos fue de 5.863 euros, lo que incluye no solo la limpieza, sino también la elaboración de un informe (que costó 2.100 euros) para evaluar cuál era la mejor forma de proceder. Esta cantidad ya fue restituida hace más de un año, y de forma voluntaria, por los nueve acusados, que han recalcado que su intención nunca fue provocar ningún daño, sino llamar la atención sobre la crisis climática.“No se está tomando este tema suficientemente en serio”, ha afirmado en su intervención Mauricio Misquero, uno de los acusados. “Fuimos allí a decirles que lo estaban haciendo mal”, ha comentado por su parte María Teresa González, otra de las activistas sentadas frente a la jueza. “Según las medidas que tomemos, una persona que nazca hoy se va a enfrentar a un mundo más o menos habitable”, ha declarado Miguel Cano-Cortés Cartagena, otro de los nueve procesados. “La desobediencia civil es pública, pacífica y con la intención de prevenir un daño mayor”, ha señalado en su turno Belén Díaz Collante, también acusada. “No somos vándalos”, ha incidido.La defensa ha argumentado que los acusados actuaron con la cara descubierta, en ningún momento se resistieron y ejercieron su derecho a protestar por una amenaza muy real, la emergencia climática. Sin embargo, el fiscal, que ha reconocido que él mismo puede “compartir parte de las cosas que están diciendo”, ha considerado que lo ocurrido fue un “acto vandálico”. “Para concienciar a la gente del cambio climático, no es necesario dañar el edificio del Congreso de los Diputados”, ha comentado la acusación, que ha insistido en el valor de esta edificación como patrimonio histórico, una circunstancia rechazada por la defensa, que sí ha reconocido que se trata de un edificio protegido.El fiscal ha asegurado incluso que la emergencia climática no fue la verdadera motivación de la acción, sino repetir la protesta del año anterior en la Cámara Baja como rechazo a la respuesta de la justicia, pues ese mismo día, 30 de marzo de 2023, comenzó el proceso judicial contra los activistas de la primera protesta (entre los que hay dos que repitieron en esta segunda). Incluso ha leído un mensaje de Internet de Futuro Vegetal en el que esta organización afirmaba: “Frente a la criminalización del movimiento climático, volvemos a bañar de sangre el Congreso”. “Erre que erre”, ha asegurado el fiscal, “había que volver a hacerlo”. Esta ha sido su argumentación para pedir penas de prisión para todos los acusados, según ha señalado, para evitar que reúnan dinero para afrontar los gastos de los daños y vuelvan a actuar en el mismo sitio.