Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de Futuro Vegetal por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.
El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.
“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.
Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.
