El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid ha dejado visto para sentencia el caso de los nueve activistas climáticos acusados de un delito contra el patrimonio histórico por arrojar pintura roja contra la escalinata y fachada de los leones del Congreso de los Diputados en marzo de 2023.PublicidadLa témpera roja utilizada afectó también a las esculturas de bronce de los leones, donde dos de los implicados intentaron pegarse con pegamento "para que la protesta durase más", según declaró este jueves durante el juicio una de las acusadas, Nuria Sala de la Torre.Además de los nueve detenidos, fueron identificadas otras tres personas que documentaban el lanzamiento de pintura y portaban botellas con la pintura para apoyar a sus compañeros, aunque no llegaron a participar directamente."Ya no sirven las manifestaciones"Una de las implicadas, Belén Díaz, ha recalcado en declaraciones a EFE que su protesta fue "pacífica" y ha lamentado que algunos medios las tratan de "vándalos", pero "frente al rebasamiento muy grave de los límites ecológicos, ya no sirven las manifestaciones ni recoger firmas"."Se nos acusa de daños al patrimonio histórico del Estado pero cualquiera que pase frente al Congreso de los Diputados puede ver que tales daños no existen" y por eso consideran "desproporcionada e hipócrita" la acusación por ejercer "nuestro legítimo derecho a la protesta frente a un mal mayor que pone en peligro a todas las personas", han añadido las activistas.PublicidadSin embargo, la perito C.P., que también ha declarado durante el juicio, ha asegurado que además de una primera limpieza con agua y jabón fue necesaria la intervención de más sistemas de limpieza así como el decapado del barniz que recubre a los leones y aun así "han quedado restos de pintura" incluso en uno de los leones.Cárcel y multaConvocadas por las organizaciones Futuro Vegetal y Extinction Rebellion, las activistas protestaban así contra el Gobierno por su "inacción política frente al cambio climático" tras la publicación del informe de 2023 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) así como por "criminalizar las acciones de desobediencia civil no violenta", según sus declaraciones.De hecho, la fecha elegida para la protesta, el 30 de marzo, mostraba el rechazo explícito al juicio que comenzaba esa misma jornada por una acción similar el 6 de abril de 2022.Por estos hechos, se enfrentan a una petición fiscal de penas de un año y nueve meses de prisión, además de una multa conjunta de más de 5.800 euros por los gastos de limpieza del edificio.PublicidadSu defensa ha reclamado la absolución o, en todo caso, que la condena se limite a la responsabilidad civil, argumentando que la acción estaba amparada por la libertad de expresión y cuestionando que se hubiera "superado el umbral de molestia, en el contexto de crisis climática que motivó la protesta".En todo caso, las acusadas han decidido abonar por adelantado la multa "para dejar claro que asumimos las consecuencias" de sus actos, como han declarado durante el juicio, aunque también han anunciado que si la sentencia es condenatoria, elevarían el caso a la Audiencia Nacional y, si es necesario posteriormente, al Tribunal Supremo.