La sentencia del juicio por la acción climática que manchó por segunda vez de rojo la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023 ha descartado las penas de cárcel que pedía la fiscalía. El Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid ha impuesto una multa (de 1.400 euros) a cuatro activistas que arrojaron directamente la pintura (témpera diluida en agua) y absuelto a los otros cinco que participaron en la protesta sin teñir el edificio. En el juicio celebrado el pasado 21 de mayo, los nueve manifestantes vinculados a las organizaciones climáticas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal declararon que la mayoría no se conocían antes de los hechos y que se citaron de forma espontánea para protestar en las escalinatas del Congreso sin saber qué iban a hacer los otros. Aunque solo cuatro arrojaron el tinte rojo, mientras el resto lanzaban consignas climáticas, se ponían una bata blanca de científico o intentaban unir sus manos con pegamento alrededor de uno de los leones, la fiscalía solicitó para todos ellos un año y nueve meses de prisión “para que sirva de prevención”.Los acusados quedaron para manifestarse en el Congreso en rechazo a la inacción climática y al comienzo del proceso judicial contra otros activistas que participaron en una acción en el mismo sitio en 2022, donde se tiñó por primera vez de rojo este edificio. Paradójicamente, todavía no se ha celebrado el juicio por esta protesta anterior, por la que están imputados más de una decena de activistas, entre ellos, el filósofo y poeta Jorge Riechmann, o el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. Los trabajos para limpiar las manchas rojas en la escalinata del Congreso por la acción de 2023, para la que se ha dictado ahora sentencia, tuvieron un coste de 5.863 euros, que incluyó no solo la retirada de la pintura, sino también la elaboración de un informe (de 2.100 euros) para evaluar cuál era la mejor forma de proceder. Los abogados de los activistas climáticos incidieron en el juicio en que esta cantidad había sido restituida hacía más de un año, y de forma voluntaria, por los nueve acusados, alegando que su intención nunca fue provocar ningún daño, sino llamar la atención sobre la crisis climática.Entre los acusados había dos activistas que participaron en las dos protestas climáticas que acabaron con el Congreso teñido de rojo. Uno de ellos es la ambientóloga Belén Díaz, que al salir del juicio el pasado 21 de mayo declaró en una entrevista a EL PAÍS que no le gustaría ir a prisión, pero que si esa era la pena por protestar por la falta de acción ante la crisis climática, entonces que así fuera: “Muchas personalidades a lo largo de la historia han acabado en la cárcel. Como decía Louise Michel, de la Comuna de París, ‘ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte’. Si es el lugar de quienes defienden lo justo, pues es donde tengo que estar”, afirmó.Finalmente, la jueza ha hecho caso a los abogados, que en el juicio defendieron que la petición de prisión era desproporcionada para una protesta pacífica cuyos daños ya fueron limpiados y que reclamaron la absolución para los que no arrojaron pintura y que la pena se limitase a una sanción administrativa para los otros tres.