Más controles fronterizos, bases de datos biométricos y deportaciones más rápidas. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entra en vigor este viernes y consolida el giro de la Unión Europea hacia una política migratoria cada vez más centrada en la vigilancia y el retorno. Mientras Bruselas presenta la reforma como una herramienta para gestionar de forma más eficaz las llegadas y armonizar los sistemas de asilo de los Estados miembros, trece organizaciones sociales advierten en un comunicado conjunto que Europa inicia con este pacto "una amenaza a los derechos de la población migrante y refugiada".PublicidadLas entidades firmantes, entre las que se encuentran Red Acoge, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y CEAR, denuncian que la implementación del pacto puede traducirse en más controles fronterizos, más detenciones, procedimientos acelerados de expulsión y un debilitamiento efectivo del derecho de asilo.El Pacto -integrado por nueve reglamentos y una directiva- se aprobó en el Parlamento Europeo en abril de 2024, pero los países miembros han contado con un período transitorio de implementación de dos años hasta su aplicación efectiva este viernes. Control previo en las fronterasUno de los cambios más significativos es la entrada en vigor del Reglamento de Control Previo (Screening Regulation), que establece un procedimiento obligatorio para todas las personas que lleguen a las fronteras exteriores de la Unión sin documentación. Durante este proceso se verificará su identidad y se realizarán controles de seguridad y salud antes de decidir si son derivadas a un procedimiento de asilo o de retorno. "Estas evaluaciones deben realizarse desde los sistemas públicos de salud, como ocurre en Canarias, porque ofrecen mayor estabilidad profesional, formación continuada e independencia que otros modelos externalizados", reclama Sonia Díez, responsable de Migraciones de Oxfam.El Pacto establece que este control se prolongue hasta siete días. Sin embargo, el plan de aplicación español reconoce que no es posible ampliar el límite de detención policial más allá de las 72 horas fijadas por la Constitución. Por ello, el objetivo es completar el proceso de cribado dentro de ese plazo.PublicidadTras ese primer filtro, algunas personas podrán ser derivadas directamente a procedimientos acelerados de asilo en frontera, en los que las autoridades tendrán un plazo de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante para resolver si se acoge al migrante o, si por lo contrario, se procede a su expulsión. En este período, además, no se considerará jurídicamente que el migrante se encuentra en territorio europeo.Según explica Silvia Carta, responsable de incidencia de Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM), "el procedimiento de control está concebido para dirigir a la mayoría de las personas hacia procedimientos acelerados de deportación". La organización apunta a que afectará especialmente a personas procedentes de países con una tasa de reconocimiento de protección internacional inferior al 20%, a quienes sean consideradas un riesgo para la seguridad o a quienes las autoridades acusen de haber inducido a error durante el procedimiento. "Estas personas podrían ser deportadas antes de que un tribunal adopte una decisión definitiva sobre su recurso tras una primera denegación de asilo", advierten. Además, denuncian que el documento no evalúa el riesgo de devolución, es decir, el riesgo de enviar a personas a lugares donde su vida podría estar en peligro.De la misma forma, la UE ha elaborado una lista de "países de origen seguros" que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que Amnistía Internacional los considera Estados que violan los derechos humanos. Proceder de esos países no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición menos ventajosa, ya que su expediente puede tramitarse por la vía rápida y necesitar aportar pruebas más sólidas que demuestren el riesgo individual en caso de retorno a su país de origen.PublicidadAdemás, las organizaciones españolas denuncian que el plan nacional prevé sincronizar el procedimiento fronterizo de asilo con el procedimiento de retorno, de manera que la denegación de protección internacional iría acompañada de una decisión de expulsión sin contemplar otras fórmulas de acogida. "Esto puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia y afectar a los derechos fundamentales y al principio de no devolución", señalan las entidades firmantes del comunicado.Recopilación de datos biométricosEntre la información que recopilarán de los migrantes también se encuentran datos biométricos, tras la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos europea, creada inicialmente para identificar a solicitantes de asilo y facilitar la coordinación entre Estados miembros, amplía ahora de forma significativa tanto la información que almacena como el número de personas afectadas.Hasta ahora, Eurodac registraba principalmente las huellas dactilares de personas adultas. Con la reforma, pasará también a incorporar imágenes faciales y otros datos biométricos, incluidos los de menores a partir de los seis años, a pesar de que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) indica que los menores no pueden dar su consentimiento para compartir sus datos hasta los 16 años.La Unión Europea justifica este elemento como una herramienta para mejorar la identificación y protección de niños y niñas, especialmente en situaciones de separación familiar o desaparición durante las rutas migratorias. "Ninguna coerción puede considerarse una medida de protección para un menor. Si en un último caso hubiera que tomar una huella o algún dato biométrico, debería hacerse siempre sea con garantías, con la presencia de representación legal, especialistas en infancia y claridad sobre qué uso se hace de esa información", denuncia la responsable de Migraciones de Oxfam.La información registrada en Eurodac podrá cruzarse con otras bases de datos, como el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que las autoridades de cualquier Estado miembro tendrá conocimiento de si una persona tiene una orden de retorno pendiente"Existen riesgos a nivel de derechos y protección de datos, el derecho a la privacidad y del uso de sistemas de Inteligencia Artificial", denuncia Clara Calderó, responsable de proyectos de migraciones en Novact. Además, recuerda que la UE aprobó el año pasado el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, "el cual dejaba fuera de algunas de las protección y garantías a las personas migrantes y permitía el uso de sistemas de IA en las fronteras que no se permiten con la ciudadanía europea", apunta.Centros de migrantes en terceros paísesEl Reglamento de Retorno, por otra parte, permite a los países miembros crear centros de internamiento de migrantes en terceros países para agilizar la deportación de migrantes a otros Estados con lo que los afectados podrían no mantener ningún vínculo. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ya dieron luz verde hace dos semanas a un acuerdo provisional sobre el reglamento, pero aún está pendiente de su aprobación definitiva por parte de los gobiernos nacionales y del Parlamento Europeo -aunque forme parte del Pacto cuenta con autonomía normativa y diferentes calendarios-.Publicidad"Esta medida evidencia la falta de responsabilidad por parte de los Estados miembros y por parte de la Unión Europea de garantizar la protección de las personas refugiadas que llegan a territorio. Incumple el derecho internacional de los derechos humanos y la propia Convención de Ginebra", denuncia Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional.Falta de transparencia del GobiernoEn cuanto al caso español, las organizaciones denuncian la falta de transparencia sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a estas obligaciones europeas. Por ello, solicitan al Gobierno que garanticen el acceso a información de los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del Pacto que ahora entrarán en vigor. Además, insisten en que se tome en cuenta a la sociedad civil para participar, investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos."Pedimos al Gobierno que todo aquello que sea optativo dentro del pacto no se regule en los términos más restrictivos posibles o, directamente, que no se desarrolle. El sistema de asilo español, en muchos aspectos, ofrece estándares más garantistas que la directiva. Como la propia directiva permite aplicar la norma más favorable, nuestra propuesta es clara: aplicar y mantener la normativa española allí donde resulte más protectora", apunta Sonia Díaz de Oxfam. Además, defienden que haya una participación activa de la sociedad civil para investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos.PublicidadAdemás, España es uno de los cuatro países del bloque que la Comisión Europea ha situado dentro del mecanismo de solidaridad, es decir, tendría derecho a la reubicación de personas migrantes a otros países europeos para que la gestión de las personas solicitantes de asilo no recaiga únicamente sobre los países de primera entrada. "Aunque ese mecanismo acabó derivando en la 'solidaridad a la carta' en la que los países que no son receptores pagan por no acoger migrantes", denuncian.