Este viernes entra en vigor el pacto europeo de migración y asilo, la gran reforma impulsada por Bruselas tras años de bloqueo político: un crisol de regulaciones que endurecen los controles en frontera, aceleran determinados procedimientos de asilo, refuerzan los mecanismos de retorno y establecen nuevas obligaciones de solidaridad entre los Estados miembros. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se aplicará el pacto “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional. “El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final”, ha destacado Marlaska, que por la visita papal no ha asistido a la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo precisamente de la entrada en funcionamiento del pacto, informa el el Ministerio del Interior en un comunicado.Ni España ni buena parte de los países europeos han presentado aún las modificaciones que permiten adaptar el nuevo reglamento a sus marcos legales nacionales. Entre otras novedades, el pacto introduce cambios en la clasificación de personas procedentes de países de fuera de la zona Schengen con el objetivo, recoge Interior, de que se resuelva su situación sin interrupciones ni retrasos. Mientras dura ese proceso, los países a los que llegan esos nacionales de países no Schengen no podrán recibir autorización de entrada en el territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades. El nuevo mecanismo prevé una mejora en el intercambio de información entre las autoridades competentes en inmigración, protección internacional y acogida, para “garantizar una atención eficaz al migrante y su derivación ágil a los procedimientos más adecuados en cada situación”, señala Interior, que añade que también se mejora la detección de situaciones de vulnerabilidad “a través de la evaluación individual de cada caso” y desde etapas “muy tempranas del proceso”. Marlaska ha insistido en el rechazo de España a la creación de centros de internamiento en terceros países, algo que permite el nuevo reglamento de retorno, que está pendiente de adopción definitiva y ha descartado que España recurra a esa medida en su gestión de los flujos migratorios. En la nota, Interior destaca que Marlaska ya transmitió sus “serias dudas” sobre la “legalidad y proporcionalidad” de esta medida en la reunión del Consejo de Ministros de Interior que se celebró el pasado 4 de junio en Luxemburgo. El procedimiento en frontera establece, además, un plazo máximo de resolución y revisión judicial de 12 semanas, y se introduce un nuevo supuesto para los exámenes acelerados para las personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección internacional igual o inferior al 20% en el conjunto de países de la UE. Además, la denegación de una solicitud de protección internacional en frontera conllevará el retorno. Con el acuerdo se sustanciará, además, un mecanismo de solidaridad obligatoria entre países, del que se beneficiará España en tanto que “Estado miembro bajo presión migratoria”, si bien queda por concretar cómo se aplicará. Para ello está prevista para el próximo 15 de junio en Bruselas una reunión del Foro de la UE sobre Solidaridad.