Tras años de negociaciones, presión política y el avance de la extrema derecha, el pacto europeo que endurece la política migratoria comunitaria entra en vigor este viernes, pero los Estados miembros aún no han hecho todos los deberes. Finalizado el plazo concedido por Bruselas a los Gobiernos europeos para trasladar a su legislación el acuerdo y crear la infraestructura necesaria, varios Ejecutivos comunitarios, entre ellos España, aún no han sacado adelante los cambios normativos necesarios para su aplicación ni han anunciado cómo llevarán a la práctica las nuevas medidas.
El nuevo pacto introduce un endurecimiento de la política migratoria europea con más controles desde la llegada a frontera y una aceleración de los procedimientos de asilo y retorno. El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido. El sistema busca agilizar las decisiones sobre quién puede quedarse en la UE y quién debe ser retornado. Mientras el Ministerio del Interior asegura que empezará a aplicar el pacto este viernes, no ha desarrollado todavía el sistema ni la normativa exigida con ese fin y no da detalles de cómo se va a traducir la entrada en vigor del acuerdo en la actual política migratoria española. Por esta razón, varias ONG han exigido al Gobierno “mayor transparencia” en el proceso de implementación.
